Todo comenzó, al menos en lo que concierne a esta rama de la investigación, con los movimientos financieros del PSOE entre 2017 y 2024. El juez de la Audiencia Nacional a cargo del caso Koldo abrió una pieza secreta para examinar los pagos realizados por el partido a dirigentes, empleados y personas vinculadas a él, ante la sospecha de que algunos de esos fondos —incluidos los percibidos por el exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García— pudieran constituir delitos de blanqueo de capitales o de financiación irregular.
La figura de Víctor de Aldama apareció pronto en el centro de esa investigación reservada. El comisionista, condenado a cuatro años de prisión en el caso mascarillas —pena suspendida gracias a su colaboración con la justicia—, acudió en marzo pasado a la Audiencia Nacional para entregar un sobre relacionado con la petrolera estatal venezolana PDVSA. Ese documento, según el propio Aldama, le había sido entregado en enero de 2020 por la entonces vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, hoy presidenta interina del país.
Un mes antes de esa entrega, Aldama había declarado en la causa por fraude en el IVA de hidrocarburos y había vinculado ese sobre a una presunta financiación irregular del PSOE y de la Internacional Socialista, organización que preside Pedro Sánchez. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ya había señalado en uno de sus primeros informes la relevancia de ese documento: un sobre de color marrón en el que figuraba como remitente el expresidente de PDVSA, Manuel Quevedo, y como destinataria la propia Rodríguez.
Para la UCO, resultaba clave la «intermediación» de Delcy Rodríguez, quien habría recibido la documentación y se la habría entregado a Aldama el 4 de febrero de 2020, en una fecha muy próxima a su controvertida llegada al aeropuerto de Madrid el 20 de enero de ese mismo año. La secuencia temporal reforzaba, a ojos de los investigadores, la hipótesis de un canal de financiación que trascendía las fronteras españolas.
Esta semana, sin embargo, Rodríguez ha dado un paso legal: ha interpuesto una demanda contra Aldama para que se retracte de sus declaraciones públicas, en particular de haber afirmado que fue ella quien le entregó el sobre. Los representantes legales de ambas partes están citados el próximo 16 de julio en los juzgados de Madrid para un acto de conciliación. De no alcanzarse un acuerdo, Rodríguez podría presentar una querella por injurias, según informaron a la agencia Efe fuentes del despacho ILOCAD, del exjuez Baltasar Garzón, que representa a la dirigente venezolana.
En ese contexto, Aldama compareció este mediodía en la Audiencia Nacional, acompañado de su abogado José Antonio Choclán, para declarar de nuevo en la pieza secreta. Llegó sin previo aviso sobre las doce horas y permaneció cerca de una hora ante el juez, según fuentes jurídicas consultadas por Efe. A su salida, tanto él como su letrado declinaron hacer declaraciones, invocando el carácter reservado de las actuaciones.
Antes de recibir a Aldama, el magistrado había tomado declaración a Iñigo Rotaeche, propietario de Soluciones de Gestión, empresa sobre la que pivota la trama de las mascarillas. Rotaeche fue interrogado por un nuevo delito fiscal que se le imputa a raíz del último informe presentado por la ONIF, órgano dependiente de la Agencia Tributaria.
También compareció un subteniente de la Guardia Civil destinado en el complejo de Nuevos Ministerios, José Luis Rodríguez, quien aprovechó su turno para defender a su socio Koldo García, al que describió como una «magnífica persona», y para relatar detalles del negocio de pizarras que ambos compartían, hasta que el juez le interrumpió por considerar que ese asunto excedía el objeto de la comparecencia.
La agenda judicial del caso no se detiene aquí. El magistrado tiene previsto interrogar el próximo 20 de julio, en calidad de imputados, a Jésica Rodríguez, expareja de Ábalos; a Joseba García, hermano de Koldo García; y a Ignacio Zaldívar, exalto cargo de Adif. Los tres están llamados a declarar en relación con la contratación de Jésica Rodríguez en las empresas públicas Ineco y Tragsatec, un episodio que apunta a un posible enchufismo en el entorno más cercano a los condenados.