Hay una contradicción que resulta difícil ignorar: un humorista que construye su imagen pública sobre el progresismo y la crítica al poder es acusado, precisamente, de tratar a los trabajadores con el despotismo que él mismo suele satirizar. Esa es, en esencia, la denuncia que la Unión Sindical Obrera (USO) de RTVE ha hecho pública contra Manu Sánchez y la productora del programa El perro andaluz, y que merece ser examinada con la misma atención que se dedicaría a cualquier otro caso de presunta vulneración de derechos laborales, con independencia de la filiación ideológica del acusado.
El comunicado sindical, titulado con sorna El perro andaluz: la broma la pagamos todos, recoge testimonios de varios técnicos de la cadena pública que afirman haber sido descalificados públicamente por el presentador durante las grabaciones. Según USO, Sánchez habría cuestionado decisiones de realización, solicitado apartar a profesionales por errores que no eran responsabilidad de estos y, en presencia del público asistente, habría ridiculizado el trabajo del equipo técnico de la televisión pública. El sindicato no se limita a relatar los hechos: los enmarca con una frase que apunta directamente a la incoherencia del personaje. «Mucho progresismo ante las cámaras y unas maneras de tratar a los trabajadores más propias del empresario más autoritario», sostiene el texto difundido por la organización.
La denuncia, sin embargo, va más allá del comportamiento personal del presentador. USO cuestiona también las condiciones laborales bajo las que opera el equipo técnico desde el pasado mes de agosto, un problema estructural que afecta a la organización misma de las grabaciones. Según los testimonios recogidos, los técnicos son convocados a las diez de la mañana pese a que las grabaciones no comienzan hasta las siete o las ocho de la tarde, lo que implica jornadas de espera improductiva que se suman a un trabajo que ya de por sí resulta exigente.
El sindicato añade otro elemento que complica aún más el cuadro: la existencia de un acuerdo específico firmado entre Recursos Humanos de RTVE y el Comité Intercentros, con efectos formales desde el 26 de octubre, aunque el régimen de trabajo que describe se aplica, según denuncia USO, desde agosto. Ese pacto contempla jornadas superiores a doce horas, hasta diez días consecutivos de trabajo y exige a los técnicos lo que el propio texto define como el «máximo esfuerzo diario». La organización sindical reclama saber quién autorizó estas condiciones durante los meses previos a la firma del acuerdo y cómo se han compensado las horas realizadas en ese período.
Lo que está en juego aquí no es solo la imagen de un presentador, sino algo más sustancial: el respeto a las condiciones laborales de los trabajadores de un medio público financiado por todos los ciudadanos. USO exige a la dirección de RTVE que investigue los hechos denunciados, aclare las condiciones laborales aplicadas desde agosto, revise la organización de las grabaciones y explique su coste. Son peticiones razonables que cualquier institución sometida al escrutinio público debería atender con diligencia.
En el momento de publicarse este comunicado, ni Manu Sánchez, ni la productora del programa, ni la dirección de RTVE han ofrecido respuesta alguna a las acusaciones planteadas. El silencio, en estos casos, rara vez resulta elocuente en favor de quien lo guarda.