Doce países occidentales, entre ellos el Reino Unido, Francia, Canadá, España, Noruega e Irlanda, anunciaron el martes la imposición de restricciones comerciales sobre los productos procedentes de los asentamientos israelíes en Cisjordania. La tesis que subyace a esta iniciativa colectiva es clara: la expansión de los asentamientos vulnera el derecho internacional y socava la única salida políticamente viable al conflicto, la solución de dos Estados. Lo que merece análisis no es tanto el gesto diplomático en sí —esperado y previsible— como sus fundamentos jurídicos, su alcance económico real y la desproporcionada respuesta israelí.
La declaración conjunta, firmada también por Dinamarca, Finlandia, Islandia, Polonia, Portugal y Suecia, no se limita a condenar retóricamente la política de asentamientos. Los firmantes se comprometen a introducir medidas nacionales o a respaldar restricciones europeas al comercio de bienes originarios de las colonias en Cisjordania, territorios que el derecho internacional considera ocupados. El texto atribuye la decisión al aumento de la violencia de colonos contra la población palestina y a la expansión sistemática de comunidades que varios gobiernos europeos califican de obstáculo estructural para cualquier acuerdo de paz.
El ministro de Exteriores británico, Ed Miliband, fue el más explícito al calificar dicha expansión de «limpieza étnica», un término de enorme peso jurídico y político. Miliband anunció que quienes financien o faciliten los asentamientos ilegales se enfrentarán a sanciones, y que la legislación correspondiente debería estar en vigor en un plazo de nueve meses. El Gobierno británico precisó, no obstante, que las medidas no constituyen un «boicot» a las relaciones comerciales con Israel en su conjunto, distinción que resulta políticamente relevante aunque difícil de sostener en la práctica.
El alcance económico inmediato es, en efecto, modesto. El comercio entre el Reino Unido y los Territorios Palestinos Ocupados ascendió a unos 38 millones de libras esterlinas —aproximadamente 51 millones de dólares— en 2025, una cifra que relativiza el impacto material de la medida. Sus críticos señalan además la dificultad técnica de distinguir los productos originarios de Cisjordania de los procedentes del resto de Israel, un problema de trazabilidad que no es menor y que podría limitar la eficacia real de las restricciones.
La respuesta israelí, sin embargo, revela hasta qué punto el Gobierno de Benjamín Netanyahu ha optado por la confrontación diplomática como estrategia. Israel anunció el cierre del consulado británico en Jerusalén Este —que gestiona los asuntos palestinos— y la expulsión de representantes británicos del centro de coordinación liderado por Estados Unidos para la Gaza de posguerra. Además, prohibirá la entrada al país a once parlamentarios británicos, entre ellos Jeremy Corbyn, Diane Abbott y los cinco diputados del Partido Verde, a quienes acusa de actividades antisemitas y antiisraelíes. Estas medidas de represalia, desproporcionadas respecto al alcance comercial de la iniciativa, ilustran la lógica de máxima presión que Israel aplica frente a cualquier crítica institucional.
El contexto de opinión pública añade una dimensión que los gobiernos firmantes no pueden ignorar. Una encuesta reciente de YouGov indica que el 50% de los ciudadanos británicos apoya la prohibición del comercio con los asentamientos ilegales, frente a solo un 16% en contra. Esa mayoría no es irrelevante en un sistema democrático, aunque tampoco debería sustituir al análisis jurídico y estratégico como fundamento de la política exterior.
La iniciativa de estos doce países representa, en suma, un paso hacia la aplicación efectiva del derecho internacional en un ámbito donde la impunidad ha sido la norma durante décadas. Su valor no reside tanto en el impacto económico inmediato como en el precedente que establece: que la expansión de asentamientos en territorios ocupados tiene costes diplomáticos y comerciales concretos. La pregunta pertinente es si esta coalición de voluntades mantendrá la coherencia cuando la presión israelí —y estadounidense— se intensifique, o si, como ha ocurrido tantas veces, la declaración quedará en un gesto bien intencionado pero sin consecuencias duraderas.