El 94,2% de los ciudadanos residentes en el País Vasco se muestra favorable a mantener o ampliar el actual nivel de autogobierno, según los datos de la Encuesta Ituna, elaborada por los investigadores Jon Garro y Asier Blas para el Centro Ituna de Documentación e Investigación del Concierto Económico y las Haciendas Forales de la Universidad del País Vasco (EHU), con la colaboración del Departamento de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno. El estudio se basa en 1.200 entrevistas telefónicas a mayores de 18 años residentes en Euskadi, realizadas entre el 26 de enero y el 23 de febrero, y ofrece una radiografía detallada de las preferencias institucionales de la población vasca.
El titular agrega una cifra llamativa: el 66,3% de los encuestados considera muy o bastante prioritario aprobar un nuevo Estatuto de Autonomía, frente a un 30,1% que no lo estima tan urgente. La encuesta vincula el respaldo al autogobierno con la percepción de bienestar colectivo: el 47,6% de los entrevistados lo identifica como razón principal para defender el autogobierno en su conjunto, y el 53,9% aduce el mismo argumento al referirse específicamente al Concierto Económico.
Distribución de preferencias: mayoría moderada, minoría independentista
Más allá del dato global, la distribución interna de las respuestas revela una sociedad con posiciones diversas. El 38,8% se conforma con el nivel de autogobierno vigente, el 34,9% desea ampliarlo dentro del marco constitucional y estatutario, y el 20,5% opta directamente por la independencia. En el extremo opuesto, únicamente el 4,6% preferiría reducir las competencias actuales. Esta pluralidad de posiciones —que la encuesta tiende a presentar como un bloque homogéneo bajo el paraguas del 94,2%— merece ser leída con precisión, pues agrupa bajo un mismo epígrafe opciones que van desde el autonomismo moderado hasta el independentismo.
El Concierto Económico recibe una valoración especialmente alta: el 89,1% de los encuestados le atribuye mucha o bastante importancia para la capacidad de decisión de Euskadi, y el 82,2% respalda su continuidad. El estudio concluye que el Concierto «conserva una legitimidad social elevada y estructural», una afirmación que los propios datos sostienen con solidez. No obstante, la encuesta introduce un elemento de fragilidad: en caso de que el Estado derogara el Concierto, el porcentaje de partidarios de la independencia ascendería del 20,5% al 51,1%, lo que sugiere que una parte significativa del respaldo al statu quo está condicionada a la pervivencia de este instrumento fiscal diferencial.
La brecha generacional: los jóvenes, menos informados y más conformistas
Uno de los hallazgos más relevantes del estudio concierne a la franja de menores de 30 años. Solo el 46,3% de este grupo declara conocer mucho o algo el funcionamiento del Concierto Económico, frente al 58,8% del conjunto de la población. La encuesta relaciona directamente este menor conocimiento con el hecho de que los jóvenes sean el grupo más satisfecho con el nivel actual de autogobierno, con un 47,9% de conformidad, la cifra más alta de toda la muestra. La interpretación es plausible, aunque cabe preguntarse también si la menor movilización política de este segmento no responde a causas más amplias que el simple desconocimiento institucional.
Competencias pendientes y confianza institucional
En materia de transferencias pendientes, el 64,4% de los encuestados apoya que el Gobierno vasco gestione de forma descentralizada las cotizaciones y prestaciones de la Seguridad Social, mientras que solo el 13,9% se opone. Este dato refleja un respaldo mayoritario a la ampliación de las competencias forales en uno de los ámbitos más sensibles del Estado del bienestar, aunque la encuesta no profundiza en las implicaciones financieras o de cohesión territorial que tal transferencia implicaría.
Por último, la encuesta mide los niveles de confianza ciudadana en las distintas administraciones públicas. El Gobierno vasco encabeza el ranking con una nota de 6,25 sobre 10, seguido de las diputaciones forales (6,21) y los ayuntamientos (6,16). En contraste, la Unión Europea obtiene un 4,96 y el Gobierno de España un 4,77, ambos por debajo del aprobado. Estas cifras ilustran una desconfianza hacia las instituciones de mayor escala que no es exclusiva del País Vasco, pero que aquí adquiere una dimensión política particular, dada la centralidad del debate competencial en la agenda pública vasca.