El Tribunal Penal Internacional ha dado un paso sin precedentes en su historia. Este viernes, la Asamblea de los Estados Partes, órgano de supervisión de la Corte, aprobó por amplia mayoría la destitución del fiscal jefe Karim Khan, tras una investigación que concluyó que incurrió en una «conducta indebida grave y un grave incumplimiento de sus deberes». Es la primera vez que un fiscal jefe del tribunal es apartado del cargo desde la fundación de la institución.
Los 125 Estados miembros de la CPI respaldaron la medida con holgura. La presidenta de la Asamblea, Päivi Kaukoranta, fue quien anunció el resultado y lo enmarcó en términos institucionales precisos: no se trata de una sanción política, sino de la aplicación de los mecanismos de rendición de cuentas previstos en el propio estatuto del tribunal. El sistema funcionó. Tardó, pero funcionó.
El caso se remonta a casi dos años atrás. La agencia Associated Press reveló en una serie de informaciones que Khan, abogado británico de 56 años, había sido acusado de conducta sexual inapropiada por una asistente de la Corte. Según documentos consultados por AP, Khan mantuvo una relación sexual con la denunciante e intentó obstaculizar el avance de las acusaciones. Khan ha negado de forma reiterada y categórica todos estos extremos.
La destitución no fue inmediata. En junio pasado, Khan fue apartado temporalmente de sus funciones a la espera de la votación definitiva, después de que el comité ejecutivo del órgano de supervisión concluyera en su informe que los hechos investigados constituían una conducta indebida grave. La espera terminó este viernes, y la votación se adelantó varias horas respecto al calendario previsto, según confirmaron tres diplomáticos conocedores de las deliberaciones.
No todo fue unánime. Al inicio de la sesión, una moción presentada por Sierra Leona que habría dificultado técnicamente la destitución fue rechazada antes de proceder al voto definitivo. El intento no prosperó.
Lo que este caso pone de manifiesto trasciende la figura de Khan. La CPI es una institución que persigue crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidios. Su credibilidad descansa en una premisa elemental: que quienes la dirigen están sometidos a las mismas normas que invocan frente a los demás. Cuando esa premisa se quiebra, el daño no es solo reputacional, sino estructural. La destitución de Khan, por tanto, no es únicamente el final de una carrera. Es también una prueba —superada con dificultad, pero superada— de que las instituciones internacionales pueden corregirse a sí mismas cuando los hechos lo exigen.