El Ejecutivo rechaza cualquier dimisión y prepara una estrategia ofensiva para el pleno monográfico sobre corrupción
Pedro Sánchez compareció este miércoles ante el Congreso de los Diputados en un pleno monográfico convocado en plena acumulación de escándalos de corrupción, el último de ellos en el Ayuntamiento de Soria. El presidente acudió a la Cámara con la intención de proyectar solidez institucional y trasladar la iniciativa política a la oposición, según fuentes gubernamentales consultadas.
La comparecencia llega días después de que el Tribunal Supremo condenara al exministro de Transportes José Luis Ábalos a 24 años de prisión. La sentencia ha intensificado la presión sobre el Ejecutivo y ha reavivado el debate sobre la responsabilidad política del presidente.
Sin cambios en la hoja de ruta
Desde La Moncloa descartan cualquier modificación en la estrategia de gobierno. No se contempla asumir responsabilidades políticas ni, en ningún caso, la dimisión del presidente. Fuentes del Ejecutivo califican esa exigencia de «desproporcionada».
«Hay personas corruptas, hay personas que fallan, y esto no puede significar que se le pida al presidente dimitir. No es proporcionado», señalan las mismas fuentes. El Gobierno encuadra el caso Ábalos como «una contingencia puntual con varias ramificaciones», no como un problema sistémico.
El Ejecutivo considera además que el impacto ciudadano de la condena está ya «amortizado», al tratarse, según sus palabras, de «un tema antiguo, muy publicitado y muy conocido, sobre el que ya se tomaron medidas».
Ofensiva contra el PP
Sánchez centró parte de su intervención en contrastar la respuesta de su gobierno ante los indicios de corrupción con la actitud del Partido Popular. El Ejecutivo reivindica haber apartado a Ábalos de todos sus cargos de forma preventiva, tras la detención de Koldo García, sin esperar a una sentencia judicial.
«No nos hizo falta una sentencia; actuamos dando por buenos los indicios desde el primer momento», sostienen en el Gobierno.
Para reforzar ese contraste, La Moncloa apunta a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y a los presuntos beneficios obtenidos por su pareja en la contratación del grupo Quirón con la administración autonómica. «Quienes se sientan en una sede pagada en negro no pueden dar lecciones; que primero limpien su casa», afirman fuentes gubernamentales.
Presión desde los socios parlamentarios
La jornada no resultó cómoda para el Ejecutivo, que tuvo que gestionar simultáneamente los ataques de la oposición y el malestar de sus propios aliados parlamentarios. Fuentes del Gobierno asumen que los socios serán «muy exigentes» en materia de lucha contra la corrupción.
El Ejecutivo reconoce que, a medida que se aproximen las citas electorales municipales y autonómicas, los distintos grupos irán «marcando diferencias políticas cada vez más acusadas». La capacidad de Sánchez para controlar la agenda ha quedado seriamente comprometida.
Pese a ello, el presidente mantiene su ritmo de actividad. El martes anunció una inversión significativa en política de dependencia con vocación de trascender su mandato. Sin embargo, la iniciativa pasó prácticamente desapercibida ante el peso de los escándalos judiciales en el debate público.