En Ciutadella, un municipio de poco más de treinta mil habitantes en el extremo occidental de Menorca, llegan cada año casi medio millón de turistas. La proporción —casi dieciséis visitantes por cada residente— resume con brutal claridad una tensión que se repite a lo largo de todo el litoral mediterráneo español: la de un territorio que recibe mucho más de lo que, en términos de recursos naturales, puede sostener.
España lleva años batiendo sus propios récords turísticos con una regularidad que ya no sorprende a nadie. Los 58,1 millones de visitantes contabilizados hasta julio de este año apuntan a que en 2026 el país podría superar los cien millones de turistas anuales. Las macrocifras son incontestables: el sector representó en 2024 el 12,6 % del PIB —un 109 % más que en 2021— y generó más de 2,7 millones de empleos, equivalentes al 12,3 % del empleo total. Desde la óptica del crecimiento agregado, el turismo es un activo indiscutible de la economía española.
Sin embargo, la distancia entre lo que reflejan los indicadores macroeconómicos y lo que percibe el ciudadano que vive en un destino turístico se ha vuelto difícil de ignorar. Los centros urbanos se reorientan hacia la demanda visitante, los comercios de proximidad ceden su espacio a negocios para el turista, el ruido y la actividad constante erosionan la vida cotidiana, y los precios de la vivienda —también en máximos históricos— expulsan progresivamente a los residentes. El malestar ha cristalizado en movimientos de protesta contra el turismo masivo y ha puesto en circulación el término turismofobia, que describe tanto una reacción comprensible como un riesgo real de simplificación política del problema.
Pero hay una dimensión del fenómeno que recibe menos atención pública y que merece un análisis más riguroso: el impacto sobre los recursos hídricos. El grueso de los turistas que visitan España lo hace en los meses de verano, precisamente cuando el ciclo hidrológico está en su punto más desfavorable y las reservas de agua llevan semanas o meses menguando. Y lo hace, además, en las zonas geográficas donde el agua es más escasa: el litoral mediterráneo, Andalucía atlántica, Canarias y las grandes urbes de Madrid y Barcelona, todas ellas encuadradas en territorios con estrés hídrico extremadamente alto.
El estrés hídrico —la ratio entre el agua utilizada y los recursos renovables disponibles— se mide en una escala de uno a cinco. Los territorios con nivel cinco extraen más del 80 % del agua renovable disponible, lo que significa que cualquier perturbación —una sequía moderada, un aumento repentino de la demanda— puede traducirse de forma casi inmediata en una crisis severa de abastecimiento. El 43 % del territorio español se encuentra en esa franja de estrés extremadamente alto, y es precisamente ahí donde se concentra la actividad turística.
Los datos cuantitativos refuerzan la preocupación. El 63 % de los municipios con más de un millón de pernoctaciones anuales se ubica en zonas de estrés hídrico alto o extremadamente alto, y otro 35 % en zonas de estrés medio-alto. Más revelador aún: el 69 % de las pernoctaciones registradas entre junio y septiembre —el período de mayor vulnerabilidad hídrica— tiene lugar en esos mismos territorios sometidos a mayor presión sobre el agua. Municipios como Jávea, en Alicante, con poco más de veinte mil habitantes, reciben una media anual de 283.590 turistas; Roses, en Girona, acoge 16,8 veces más visitantes que residentes.
Conviene, no obstante, no perder la perspectiva de escala. El consumo de agua asociado al turismo representa alrededor de 130 hectómetros cúbicos anuales, una fracción modesta del abastecimiento urbano total, que a su vez supone el 17 % del consumo hídrico nacional frente al 77 % que corresponde al uso agrario —cerca de 22.000 hectómetros cúbicos al año—. La cuestión no es, por tanto, que el turismo sea el principal consumidor de agua en términos absolutos, sino que concentra su demanda en el momento y el lugar más desfavorables, amplificando una presión que ya existía sobre unos recursos de por sí raquíticos. A eso hay que añadir que este dato no contempla el agua consumida en viviendas de uso turístico, lo que probablemente infravalora el impacto real.
El modelo urbanístico adoptado en muchos destinos turísticos agrava el problema de forma significativa. La apuesta por urbanizaciones dispersas —adosados, chalets, complejos residenciales de baja densidad— implica un consumo de agua que puede multiplicar por cuatro o cinco el de la ciudad compacta. A ello se suma la proliferación de piscinas individuales: en varias provincias del litoral mediterráneo, la ratio desciende por debajo de veinte habitantes por piscina, muy por debajo de la media nacional. Cada piscina que se llena en julio es agua que no estará disponible para otros usos en agosto.
El deterioro no se limita al ciclo del agua potable. Desde los años sesenta del siglo pasado, la expansión de urbanizaciones, alojamientos turísticos, campos de golf e infraestructuras ha sepultado bajo el cemento ecosistemas dunares y lagunas costeras de valor ecológico irreemplazable. Los drenajes naturales del territorio han sido alterados, y las consecuencias se hacen visibles cada otoño cuando ramblas, rieras y torrentes irrumpen con fuerza durante los temporales, revelando el coste de décadas de ocupación desordenada del suelo.
Existe, además, una paradoja geográfica que merece ser señalada sin ambages. En el imaginario colectivo, las zonas áridas son territorios vacíos y marginales. La realidad española es la contraria: el 80 % de la población del país vive en zonas áridas, porque es ahí donde se han concentrado históricamente las mejores infraestructuras, los mercados laborales más dinámicos y las condiciones climáticas más atractivas. Madrid y Barcelona, las dos grandes metrópolis, se asientan sobre territorios áridos. El 67 % de España lo es. El turismo no ha hecho sino reforzar una tendencia preexistente, llevándola a un punto en que la presión sobre los recursos naturales empieza a comprometer la sostenibilidad del modelo.
Abordar esta realidad exige planificación territorial seria, no retórica ni demagogia. Significa ajustar la demanda a los recursos disponibles mediante instrumentos regulatorios eficaces, promover la eficiencia hídrica en todos los usos —incluido el turístico—, y reservar una parte de esos recursos para el sostenimiento de los ecosistemas que, en última instancia, garantizan el bienestar humano. El turismo es una fuente legítima de riqueza y empleo, y ningún análisis honesto puede ignorarlo. Pero la riqueza que se construye agotando los recursos sobre los que se asienta no es riqueza duradera: es simplemente deuda diferida que pagarán quienes vengan después.