Un sector al límite antes de las urnas
Los regantes del Tajo-Segura han recibido el anuncio del adelanto electoral sin entusiasmo ni expectativas. Su posición es, sin embargo, clara: la situación no puede deteriorarse más. «La situación del trasvase no puede empeorar más», ha declarado Lucas Jiménez, presidente del SCRATS (Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura), con una contundencia que resume años de frustración acumulada.
Jiménez no deja lugar a ambigüedades respecto al Gobierno saliente. El PSOE, afirma, «sólo ha tenido una medida en mente con el trasvase: reducirlo». Una afirmación que no es retórica, sino que responde a una secuencia de decisiones políticas concretas y verificables que han mermado progresivamente el volumen de agua transferida hacia Alicante, Murcia y Almería.
La presión política detrás de los recortes
El elemento más determinante en este proceso ha sido la aplicación inminente de caudales ecológicos incrementados en el río Tajo, una medida impulsada en buena medida por la presión del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page. Estos nuevos caudales mínimos superan con creces cualquier exigencia equivalente impuesta a otros ríos españoles. La asimetría es difícil de justificar desde criterios estrictamente técnicos o medioambientales.
Antes de este cambio en las reglas de explotación, ya se habían producido otras modificaciones que redujeron el agua disponible para las comunidades receptoras. El patrón es consistente. Y la dirección, inequívoca.
Dos averías que agravan la crisis
A la presión regulatoria se suma ahora un problema de infraestructura de primera magnitud. Dos roturas en el acueducto obligan a interrumpir los trasvases hasta el año que viene, el tiempo necesario para acometer las reparaciones. «Por lo menos se ha dicho que van a tardar cuatro o cinco meses como mínimo», ha lamentado Jiménez.
Hace apenas dos semanas, la primera avería no había generado alarma. Los trasvases ya aprobados podían ejecutarse entre octubre y diciembre, dentro del primer trimestre del año hidrológico. El segundo contratiempo lo cambia todo. «Tiene muchísima repercusión, nos quedamos sin agua en los embalses de cabecera, la cosa se complica», ha advertido el presidente del SCRATS. Pocas palabras. Mucho peso.
El Tribunal Supremo cierra otra puerta
La vía judicial tampoco ha ofrecido alivio. El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso presentado por el SCRATS solicitando la nulidad de los nuevos caudales ecológicos. Un revés jurídico que cierra, al menos por ahora, la principal línea de defensa legal del sindicato frente a los recortes.
Los regantes no han decidido todavía si recurrirán al Tribunal Constitucional. La decisión no es menor: implica tiempo, recursos y la incertidumbre propia de un proceso cuyo desenlace nadie puede garantizar. Mientras tanto, el agua sigue sin llegar.
Una alianza interregional en Madrid
En este contexto de acumulación de adversidades, el SCRATS ha convocado este martes en Madrid un encuentro de trabajo en defensa del trasvase. El marco elegido es la feria comercial Fruit Attraction, y los participantes reflejan el alcance político de la cuestión.
Junto a los agricultores, han acudido el presidente del Gobierno de la Región de Murcia, Fernando López Miras, su consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Joaquín Buendía, el conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca de la Generalitat Valenciana, Miguel Barrachina, y el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco. Tres comunidades autónomas, un frente común.
La reunión no es un gesto simbólico. Es la expresión de un problema estructural que afecta a cientos de miles de hectáreas cultivadas y a la viabilidad económica de un sector que sostiene una parte significativa del tejido productivo del sureste español. Las elecciones llegan. El agua, de momento, no.