La Asociación de Inspectores de Hacienda rechaza las acusaciones surgidas tras la sentencia que absuelve a la cantante y obliga al Estado a devolverle más de 60 millones de euros
La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha salido al paso de las críticas vertidas contra la Agencia Tributaria tras la sentencia de la Audiencia Nacional que absolvió a la cantante colombiana Shakira del presunto fraude fiscal correspondiente al ejercicio de 2011. El fallo obliga además al erario público a restituirle más de 60 millones de euros, y ha reavivado un debate sobre los límites de la actuación inspectora en España.
El abogado Robert Amsterdam acusó a la Agencia Tributaria de comportarse «como una mafia», mientras que el Movimiento Contribuyentes en Acción la calificó de «el peor enemigo de la actividad económica» en el país. La IHE considera que estas descalificaciones «carecen de rigor y traspasan los límites» del debate legítimo.
La respuesta de los inspectores: rigor, equidad y sometimiento a la ley
En un comunicado, el colectivo ha subrayado que su único objetivo es aplicar el ordenamiento jurídico con «rigor, equidad y pleno sometimiento a la ley». Los inspectores recuerdan que su trabajo consiste en combatir estructuras «cada vez más sofisticadas» de elusión fiscal, con el fin de sostener el Estado de bienestar.
Respecto a la complejidad normativa que a menudo dificulta la aplicación del sistema tributario, la asociación es contundente: «el único responsable es el legislador», no la Administración encargada de ejecutar las normas vigentes.
Una clase media que soporta una presión fiscal creciente
La IHE no limita su diagnóstico a la defensa corporativa. El colectivo denuncia también la «pérdida continuada de poder adquisitivo de las familias», agravada por la inflación, el encarecimiento de la vivienda y el alza de los precios básicos.
En particular, los inspectores apuntan a la decisión del Gobierno de no deflactar el tramo estatal del IRPF, una medida que permite blindar la recaudación récord a costa de incrementar la carga fiscal efectiva sobre los contribuyentes. Esto supone, advierten, «un enorme peso que recae sobre la clase media trabajadora», que sostiene la mayor parte del sistema.
Dos amenazas estructurales: el concierto catalán y la reforma de la función pública
El comunicado va más allá de la coyuntura y alerta sobre dos riesgos que la IHE considera de calado institucional. El primero son los acuerdos bilaterales de financiación autonómica entre el Estado y Cataluña, pactados, según los inspectores, «sin debate democrático y con un evidente carácter inconstitucional».
A su juicio, esta concesión política conduciría a la «ruptura de la caja común» y de la base de datos tributaria compartida que hoy gestiona la Agencia Tributaria, con consecuencias potencialmente graves para la cohesión del sistema fiscal español.
El segundo riesgo identificado es el «desmantelamiento de la función pública» a través de la sustitución de las oposiciones actuales por sistemas de selección «de menor exigencia y con criterios subjetivos». La asociación advierte de que rebajar las pruebas de acceso tiene como objetivo real «interferir en la toma de decisiones técnicas», incluidas las relativas a la lucha contra el fraude fiscal.
Los inspectores enmarcan este deterioro institucional en un contexto marcado por casos de presunta corrupción entre quienes, en su opinión, deberían dar ejemplo «de transparencia, austeridad y pulcritud». Una crítica que, sin nombrar a nadie, apunta con claridad a la clase política.