Quince personas fallecieron en quince accidentes de tráfico registrados durante el pasado fin de semana, entre las tres de la tarde del viernes y la medianoche del domingo. Más de la mitad eran usuarios vulnerables: ocho motoristas y un ciclista. Los datos son elocuentes. El sábado resultó ser la jornada más letal, con nueve víctimas mortales en otros tantos siniestros; el domingo se cerró con cuatro fallecidos y el viernes con dos. Así lo recoge el balance oficial de la Dirección General de Tráfico (DGT).
Del total de accidentes, doce ocurrieron en vías convencionales y tres en autopista o autovía. Siete fueron colisiones y seis, salidas de la calzada. En el cómputo acumulado hasta el 13 de septiembre, las carreteras españolas ya han cobrado 778 vidas en lo que va de año. Una cifra que, lejos de ser un dato estadístico frío, obliga a preguntarse con seriedad qué mecanismos regulatorios pueden reducirla.
La respuesta del Gobierno y de la DGT ha llegado en forma de reforma del Reglamento General de Circulación, una norma que introduce obligaciones concretas y verificables tanto para motoristas como para ciclistas, y que establece sanciones económicas para quienes no cumplan con los nuevos requisitos de equipamiento.
En lo que respecta a los conductores de motocicleta, los cambios son sustanciales. El uso de guantes de protección pasa a ser obligatorio para conductores y pasajeros en vías interurbanas. El calzado cerrado será exigible en cualquier tipo de vía, sin excepciones. Los conductores que ejerzan una actividad profesional sobre dos ruedas deberán llevar en todo momento el chaleco reflectante; el resto tendrá la obligación de portarlo en el vehículo, disponible para su uso inmediato.
La modificación más técnica —y quizás la que más atención requiere— afecta a los cascos. Ya no bastará con que estén certificados: deberán estar homologados conforme al Reglamento UNECE R22. La diferencia no es menor. La homologación bajo esta norma internacional implica estándares de seguridad más exigentes que la mera certificación, y su incumplimiento puede acarrear una multa de 200 euros. El plazo para adaptarse vence en octubre, lo que deja un margen de tiempo reducido para quienes aún no hayan actualizado su equipamiento.
Los ciclistas tampoco quedan al margen de la reforma. Desaparecen las exenciones al uso del casco homologado o certificado en vías interurbanas: todos los ciclistas estarán obligados a llevarlo, y los menores de 16 años deberán usarlo en cualquier tipo de vía sin distinción. Además, durante la noche o en condiciones de baja visibilidad, los ciclistas tendrán que emplear elementos luminosos o reflectantes visibles a 150 metros. Para quienes desarrollen su actividad profesional sobre la bicicleta, el casco y el chaleco reflectante serán de uso obligatorio en todo momento.
La lógica que subyace a estas medidas es coherente con una aproximación racional a la seguridad vial: identificar los colectivos más expuestos, establecer requisitos de protección verificables y dotar a la autoridad de instrumentos sancionadores proporcionales. No se trata de prohibicionismo ni de una acumulación arbitraria de obligaciones, sino de trasladar al ámbito normativo lo que la evidencia sobre siniestralidad lleva años señalando. Los usuarios vulnerables —motoristas y ciclistas— representan una proporción desproporcionada de las víctimas mortales en carretera, y la regulación del equipamiento es una de las herramientas más directas para corregir esa asimetría.
Lo que corresponde ahora, tanto a conductores como a ciclistas, es actuar con antelación. Octubre no está lejos. Y 200 euros son una consecuencia evitable.