Cuando Ferrovial, Transurban y Tikehau —agrupados bajo la denominación DriveTN— se alzaron con la adjudicación de la autopista de peaje I-24 en el sureste de Tennessee, sus competidores no tardaron en reaccionar. El consorcio 24 Choice Lanes Partners, formado por ACS, Acciona y Meridiam, ha presentado una solicitud de información ante el Departamento de Transporte de Tennessee (TDOT) para conocer los detalles del proceso que condujo a esa decisión. La maniobra, sin embargo, está diseñada con una precisión quirúrgica: obtener explicaciones sin asumir el coste jurídico y económico de una impugnación formal.
La solicitud se ampara en la Tennessee Public Records Act (TPRA), la ley estatal de acceso a la información pública, y ha sido depositada ante el Tribunal de la Cancillería del condado de Davidson. Pese a la apariencia procesal de ese depósito, fuentes jurídicas vinculadas al consorcio insisten en que no se trata de un procedimiento civil ordinario, y menos aún de un bid protest —la figura legal que permite impugnar una licitación—. El objetivo declarado es uno solo: que el TDOT haga públicos los documentos que, según los solicitantes, está obligado a revelar conforme a la normativa de transparencia vigente en el estado.
¿Por qué importa la distinción entre petición de información e impugnación?
La diferencia no es meramente técnica. En los grandes contratos de infraestructuras estadounidenses, los consorcios que participan en una licitación y no resultan adjudicatarios tienen derecho a percibir un estipendio —una compensación económica por los costes de preparación de la oferta—. En este caso, esa cantidad asciende a 20 millones de dólares por consorcio perdedor. La presentación de un bid protest habría puesto en riesgo ese ingreso, ya que las condiciones del contrato suelen vincular su cobro a la ausencia de impugnaciones formales. Al optar por la vía de la transparencia informativa, ACS y Acciona preservan íntegro ese derecho económico mientras mantienen abierta una presión pública sobre el regulador.
El consorcio rival deja claro, además, que su petición «no pretende anular el proyecto, paralizar la adjudicación ni emprender ninguna otra impugnación del proceso de contratación». Es una posición coherente con la lógica de quien quiere información, no necesariamente revertir una decisión que, a la vista de los números, difícilmente sería anulada por razones procedimentales.
¿Qué hay detrás de las dudas sobre la oferta de Ferrovial?
La cifra que ha generado perplejidad en el sector es contundente: la propuesta de DriveTN ascendió a 24.800 millones de dólares, una cantidad que más que triplica la ofertada por sus competidores. En los contratos de concesión de infraestructuras, una oferta extraordinariamente superior a las rivales no siempre es sinónimo de ventaja para el adjudicatario; puede reflejar una valoración más agresiva de los ingresos futuros por peaje, condiciones financieras distintas o supuestos macroeconómicos divergentes. Las mayores dudas entre los competidores de Ferrovial se concentran, según fuentes del sector, en el calendario de pagos pactado con la autoridad estatal, cuya estructura concreta permanece sin revelar públicamente.
Es precisamente ahí donde la petición de transparencia adquiere su verdadero sentido. ACS y Acciona no buscan, al menos de forma explícita, tumbar el contrato. Buscan entender —y, en su caso, hacer entender al mercado— cómo una oferta de esa magnitud resulta viable y bajo qué condiciones el TDOT la consideró la más ventajosa. La respuesta a esa pregunta interesa tanto a los competidores directos como a cualquier inversor o analista que siga el mercado de infraestructuras en Norteamérica.
El movimiento de los grupos presididos por Florentino Pérez y José Manuel Entrecanales revela, en definitiva, una estrategia calculada: ejercer presión institucional a través de los mecanismos legítimos del Estado de derecho —la transparencia, el acceso a la información pública— sin comprometer los intereses económicos inmediatos ni escalar innecesariamente hacia un conflicto jurídico de resultado incierto. Es, en suma, la diferencia entre hacer ruido con consecuencias y hacer preguntas con cabeza.