En una pequeña localidad del norte de Inglaterra, una mujer de cuarenta y dos años que trabajó durante dos décadas en el sector de la distribución describe con naturalidad cómo lleva ya tres años cobrando una prestación por discapacidad. No es una excepción. Es, cada vez más, la norma. Siete millones de personas —algo más del diez por ciento de la población del Reino Unido— perciben actualmente al menos una prestación por enfermedad o discapacidad. El número de ciudadanos en edad laboral que acceden a estas ayudas ha crecido un sesenta por ciento en apenas seis años. Y un veinticinco por ciento de la población en edad laboral podría, según los criterios vigentes, ser clasificada como discapacitada.
Estas cifras no son solo un dato estadístico. Son el retrato de una transformación silenciosa del contrato social británico, un sistema diseñado tras la Segunda Guerra Mundial para proteger a los más vulnerables que ha ido mutando, gradualmente y casi sin que nadie lo decidiera de forma explícita, en una red de apoyo financiero generalizado. Las prestaciones por discapacidad ya no funcionan únicamente como último recurso para quienes no pueden trabajar. Se han convertido, en la práctica, en un complemento de ingresos para una parte creciente de la población atrapada entre salarios estancados y precios al alza.
El coste de esta deriva es descomunal. Sin incluir el gasto sanitario, el Reino Unido destinará este año más de cien mil millones de libras a prestaciones para enfermos y discapacitados, una cifra que supera en aproximadamente un tercio el presupuesto de defensa. En términos globales, el gasto en asistencia social alcanzó los 329.100 millones de libras durante el ejercicio fiscal 2025-2026, equivalente al diez coma siete por ciento del PIB y a unas 4.700 libras por habitante. Eso representa cerca de una cuarta parte del gasto público total, y supera con creces lo que el Estado destina al Servicio Nacional de Salud, a la educación y a la defensa sumados.
El incremento ha sido vertiginoso. El gasto en asistencia social creció en unos 18.800 millones de libras durante el último ejercicio fiscal, acumulando un alza del veinticinco por ciento en cuatro años. Las proyecciones oficiales del Gobierno apuntan a que la factura podría rozar los 408.600 millones de libras en 2030-2031, frente a los 130.000 millones previstos solo para prestaciones por enfermedad y discapacidad en ese mismo horizonte temporal.
Este escenario presupuestario ha empujado a Keir Starmer a plantear, en 2025, un endurecimiento de los requisitos de acceso a estas ayudas, con el objetivo declarado de ahorrar cinco mil millones de libras anuales para 2030. La medida ha generado tensión en el seno del Partido Laborista, históricamente reticente a recortar prestaciones, pero también ha recibido respaldo de economistas y analistas que llevan años advirtiendo sobre la insostenibilidad del modelo. La presión viene de todo el arco político: tanto quienes exigen contención del gasto como quienes señalan que el aumento de las pensiones añade otra capa de riesgo fiscal difícilmente manejable.
El problema no es solo de magnitud, sino de estructura. La debilidad del crecimiento económico británico dificulta ampliar los ingresos fiscales al ritmo que exige el gasto. Al mismo tiempo, el envejecimiento demográfico, el aumento de los costes financieros de una deuda pública abultada y las crecientes exigencias en defensa compiten por los mismos recursos. El margen de maniobra se estrecha en todas las direcciones.
Lo que el caso británico ilustra con particular crudeza es una tensión que atraviesa a muchas democracias europeas: la distancia que puede llegar a abrirse entre la lógica política de las prestaciones sociales —siempre más fáciles de ampliar que de recortar— y la lógica financiera que las sostiene. Cuando esa distancia se vuelve insalvable, no es solo el presupuesto el que cruje. Es la credibilidad del propio Estado la que queda en entredicho.