Marbella tiene, por fin, un nuevo marco urbanístico. El Pleno extraordinario del Ayuntamiento aprobó este viernes el Plan General de Ordenación del Municipio (PGOM), con los votos favorables del PP, Vox y Opción Sanpedreña, y la abstención del PSOE. El documento pone fin a once años de provisionalidad, amplía el suelo edificable y plantea una salida —todavía incierta— para las miles de construcciones levantadas al margen de la ley durante la era Gil y sus secuelas.
El nuevo plan clasifica como suelo urbano 53 de los 117 millones de metros cuadrados del término municipal, trece millones más que hasta ahora. Los restantes 64 millones quedan como suelo rústico, categoría que absorbe las antiguas figuras de rústico y urbanizable. La alcaldesa Ángeles Muñoz (PP) ha presentado la ampliación como una respuesta directa a la escasez de vivienda: en la última década, el precio de compra en Marbella se ha duplicado hasta rozar los 6.000 euros por metro cuadrado, y el alquiler se ha multiplicado por 2,4, según datos de Idealista. El 20% de la nueva edificación residencial deberá destinarse a vivienda protegida, en cumplimiento de la Ley de Vivienda Andaluza.
El plan abre también la puerta a intervenciones en suelo rústico. Unos 32 millones de metros cuadrados se clasifican como suelo común «susceptible de transformación urbana», lo que permite, al amparo de la Ley de Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA) de 2021, implantar usos industriales, terciarios o turísticos de «interés público o social». El Tribunal Constitucional ha validado ese precepto. Muñoz ha reconocido en diversas ocasiones que la nueva norma andaluza ofrece una «manga ancha» que el PGOM aprovechará para «simplificar y flexibilizar» los usos en esos terrenos: universidades, instalaciones deportivas, centros educativos y equipamientos industriales quedan, en principio, al alcance de esa bolsa de suelo.
El gran interrogante político y jurídico del plan es su tratamiento de las construcciones ilegales. La alcaldesa cifra en 18.000 las viviendas que «se quedaron fuera de la regularidad», más de un millar de ellas sin licencia. Varios edificios acumulan desde hace años órdenes judiciales de demolición; un informe municipal de 2021 estimó en 246 millones de euros el coste de ejecutar las sentencias pendientes. Muñoz ha asegurado ante el Pleno que los propietarios de buena fe cuentan ahora con «la garantía que les otorga el plan general». El concejal de Urbanismo, José Eduardo Díaz, fue más explícito: el plan va «por ellos especialmente».
Esa ambición choca con un precedente serio. El Tribunal Supremo anuló en 2015 el anterior Plan General de 2010 precisamente porque intentaba dar cobertura a construcciones de la época Gil y del escándalo Malaya. Díaz ha asegurado que en esta ocasión han trabajado con el «objetivo» de «blindar el plan de los envites judiciales», pero la historia reciente invita a la cautela. Será el futuro Plan de Ordenación Urbana (POU), documento de desarrollo, el que determine la situación concreta de cada edificio irregular.
Marbella es el primer municipio andaluz en aprobar un PGOM bajo la LISTA. Desde la oposición se advierte que ser «cobayas» de una norma nueva expone a reveses imprevisibles. Hay un vínculo técnico relevante: José María Morente, uno de los arquitectos de la LISTA como Director General de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Junta en 2019, es también la cabeza pensante del plan en su etapa como Director General de Urbanismo de Marbella entre 2017 y 2023.
El PSOE, que se abstuvo, ha reconocido el trabajo del equipo técnico liderado por María Medina, pero mantiene sus reservas sobre las decisiones políticas que lo rodean. La portavoz socialista Isabel Pérez recuerda que «Marbella sufrió una desidia total: se vendieron suelos de equipamiento y zonas verdes, no se previó la infraestructura necesaria». Su partido señala además una contradicción llamativa: el jueves, un día antes de aprobar el plan, el Ayuntamiento adoptó tres planes parciales con más de 6.800 viviendas en Marbella Este, actuaciones que, a su juicio, habrían requerido un análisis de conjunto previo.
Las críticas más contundentes llegan desde el ámbito ecologista. Javier de Luis, miembro de Ecologistas-Malaka y ex concejal independiente del PSOE en tiempos de Gil, ve en el nuevo plan un patrón familiar: donde antes se vulneraba la ley sin disimulo, ahora se reforma la ley para amparar lo que antes quedaba fuera. «Gil intentó recalificar 17 millones de metros de suelo quemado, y la Junta le dijo que era una barbaridad. Ahora proponen recalificar 30 millones», sostiene. De Luis apunta también a la eliminación del viejo límite marcado por la autovía y advierte que los nuevos desarrollos triplicarán la población sin triplicar los accesos, el agua ni la capacidad de depuración.
La decana del Colegio de Arquitectos, Susana González de Lara, valora positivamente la aprobación del plan como herramienta de seguridad jurídica, pero subraya que el resultado final dependerá de «la capacidad del consistorio» para desarrollarlo. La paradoja histórica es que el plan de 1986, al que Marbella regresó por mandato judicial en 2015, tuvo más vigencia efectiva tras su resurrección que en su etapa original, cuando Gil y sus sucesores —Roca, Julián Muñoz, Marisol Yagüe— lo ignoraron sistemáticamente en favor de convenios que, según la justicia, sirvieron para engrasar cuentas corrientes.
El contraste con el proceso de 2010 resulta significativo: aquel plan recibió más de 17.000 alegaciones formales; este apenas ha acumulado 180, de las cuales se han incorporado total o parcialmente 56. De Luis lo interpreta como desconexión ciudadana. Muñoz, por su parte, ha cerrado el Pleno con una declaración que resume la apuesta del equipo de gobierno: «Me siento orgullosa de ser de un municipio donde el urbanismo siempre ha sido un punto negro y donde por primera vez el Ayuntamiento se propuso que fuese plenamente legal». Si el plan resiste el escrutinio judicial y produce los efectos prometidos es algo que solo el tiempo —y previsiblemente los tribunales— podrán confirmar.