Hay cifras que incomodan precisamente porque no admiten relativización. Una de ellas es esta: uno de cada tres niños en Asturias presenta exceso de peso, una proporción que sitúa la obesidad infantil entre los problemas de salud pública más acuciantes de la región y del conjunto de España. No se trata de una tendencia emergente que merezca seguimiento cauteloso, sino de un fenómeno consolidado que avanza a pesar de las campañas institucionales, los programas educativos y los reiterados llamamientos a la concienciación. Algo, en la cadena de transmisión entre el conocimiento y el comportamiento, no está funcionando.
El dato procede de un estudio de la Gasol Foundation publicado hace unos meses, y su lectura detallada revela una geometría del problema que va mucho más allá de la estadística agregada. El incremento del sobrepeso y la obesidad infantil se concentra de forma especialmente intensa entre las niñas y en los entornos socioeconómicos más vulnerables, donde el acceso a una alimentación sana y equilibrada no es una cuestión de hábito sino, con frecuencia, de posibilidad económica. Las desigualdades sociales no son un factor colateral en este fenómeno: son, según el propio estudio, uno de sus motores principales. Los niños de familias con menos recursos presentan un riesgo significativamente mayor de padecer exceso de peso, lo que convierte la obesidad infantil en un espejo fiel de la fractura social.
La Consejería de Educación del Principado de Asturias encargó a la Universidad de Oviedo un estudio específico sobre los hábitos alimentarios de la población infantil de la región, y sus resultados no ofrecen consuelo. Apenas la mitad de los niños de entre ocho y once años sigue una dieta que pueda calificarse de saludable. Más revelador aún es el dato sobre los progenitores: el 70% de los padres no es consciente de los problemas alimentarios de sus propios hijos. Esta brecha entre la percepción adulta y la realidad del menor no es un detalle menor; es, probablemente, uno de los nudos más difíciles de desatar en cualquier estrategia de intervención seria.
Los expertos señalan una contradicción de fondo que resulta difícil de ignorar. A los niños se les transmite el mensaje de que deben consumir fruta y verdura, que deben evitar los ultraprocesados, que una dieta equilibrada es la base de una vida sana. Pero ese mensaje choca frontalmente con lo que observan en su entorno cotidiano: adultos que recurren con normalidad a la bollería industrial y a los alimentos ultraprocesados. El ejemplo, en este caso, no refuerza la norma, sino que la contradice. Y en la formación de hábitos durante la infancia, el ejemplo pesa más que cualquier campaña institucional, por bien diseñada que esté.
Asturias ocupa una posición paradójica en el mapa nacional. Presenta una tasa de obesidad en adultos ligeramente por encima de la media española, pero al mismo tiempo es la comunidad autónoma con menor porcentaje de menores con obesidad. Esta aparente contradicción no debería interpretarse como motivo de autocomplacencia: el problema del sobrepeso infantil sigue siendo una prioridad declarada para las autoridades sanitarias de la región, y los datos del estudio Aladino —uno de los instrumentos de referencia en la vigilancia y prevención de la obesidad infantil en España— confirman que las mayores prevalencias se concentran en los hogares más vulnerables, reproduciendo y amplificando las desigualdades de partida.
Lo que todo esto pone de manifiesto es que la lucha contra la obesidad infantil no puede reducirse a una cuestión de educación nutricional ni delegarse únicamente en los centros escolares o en las familias. Exige una mirada más amplia, que conecte la política sanitaria con la política social y económica, que reconozca que la desigualdad de ingresos se traduce en desigualdad de salud desde edades muy tempranas. Abordar este problema con la seriedad que merece implica aceptar que ninguna campaña de concienciación, por sí sola, puede compensar las consecuencias de la pobreza o de la precariedad. La racionalidad obliga a reconocer que los problemas estructurales requieren respuestas estructurales, y que aplazar esa conversación tiene un coste humano que se mide, entre otras cosas, en la salud de los más pequeños.