Todo comenzó con una crisis. Hace apenas tres años, Egipto cargaba con una deuda pública equivalente al 95,2% de su PIB, una escasez crónica de divisas que paralizaba su economía y una calificación crediticia que lo situaba en territorio de alto riesgo especulativo. El camino desde aquel punto hasta el viernes pasado, cuando Moody’s Ratings anunció la mejora de la calificación soberana del país a B3 desde Caa1, no fue ni corto ni sencillo.
El punto de inflexión llegó a principios de 2024, cuando las autoridades egipcias iniciaron un ambicioso programa de reformas monetarias que transformaría la relación del país con los mercados internacionales. La pieza central fue la transición hacia un régimen de tipo de cambio flexible, acompañada de una política monetaria deliberadamente más restrictiva. Ambas medidas, políticamente incómodas en cualquier contexto, lograron eliminar la escasez de divisas que durante años había actuado como un freno estructural sobre la economía.
Los resultados no tardaron en materializarse.
Las reservas oficiales del país ascendieron hasta los 57.000 millones de dólares en septiembre de 2026, un nivel que refleja no solo la acumulación de divisas sino también la solidez de los nuevos marcos de política monetaria. Esa solidez se puso a prueba de forma inesperada cuando las tensiones geopolíticas regionales y el alza de los precios mundiales del petróleo generaron presiones sobre las economías emergentes. Egipto, a diferencia de episodios anteriores, logró absorber esos choques sin un drenaje severo de sus reservas externas. Fue una señal inequívoca de que algo había cambiado en la arquitectura económica del país.
Paralelamente, el gobierno mantuvo una disciplina fiscal que Moody’s describe como un historial cada vez más sólido de superávits presupuestarios primarios robustos. En el ejercicio fiscal 2026, ese superávit alcanzó el 4,9% del PIB, un dato que habría resultado impensable pocos años antes. La combinación de esfuerzos de movilización de ingresos, contención del gasto público y ajustes en los precios de la energía permitió reducir la deuda pública total al 81,8% del PIB en junio de 2026, frente al 95,2% de tres años atrás. Trece puntos porcentuales de reducción en un período relativamente breve constituyen un logro que los mercados difícilmente ignoran.
La mejora anunciada por Moody’s no se limita a la calificación de emisor a largo plazo. Abarca también las calificaciones de emisor en moneda local y extranjera, la deuda sénior no garantizada en moneda extranjera, y el programa de pagarés a mediano plazo, que pasa igualmente a (P)B3 desde (P)Caa1. La agencia mantiene además una perspectiva positiva, lo que implica que la dirección del viaje podría continuar al alza si la disciplina fiscal se sostiene y las reformas en curso profundizan su impacto.
Moody’s identifica varios factores que podrían acelerar ese recorrido. Las posibles desinversiones en el marco de la Política de Propiedad Estatal egipcia, la eventual recuperación de la producción energética doméstica y una normalización del tráfico por el Canal de Suez —afectado por las tensiones en el Mar Rojo— representan vectores de mejora adicional que la agencia vigila con atención.
El contexto comparativo también importa. Fitch asigna a Egipto una calificación de B con perspectiva estable, y S&P mantiene igualmente una B estable. La decisión de Moody’s de elevar su nota y conservar la perspectiva positiva sugiere que, al menos desde su análisis, el ritmo de consolidación egipcio supera las expectativas del consenso.
Queda, sin embargo, una pregunta legítima sobre la sostenibilidad del proceso. El actual programa del Fondo Monetario Internacional con Egipto concluye en diciembre de 2026, y Moody’s anticipa que el gobierno continuará su senda de disciplina fiscal y reforma económica incluso después de ese vencimiento. Esa expectativa es, por definición, un acto de confianza prospectiva. La historia reciente de Egipto justifica cierto optimismo racional. Pero los niveles de deuda, aunque en descenso, siguen siendo elevados, y la economía permanece expuesta a variables externas —precio del petróleo, estabilidad regional, flujos turísticos— que ninguna reforma interna puede controlar del todo.
Lo que sí está fuera de toda duda es que el país ha recorrido una distancia considerable desde la crisis. Eso, en el análisis crediticio como en cualquier otro ámbito, no es poco.