El Gobierno italiano ha decidido responder a los disturbios del pasado fin de semana en Milán con una medida de fuerza: el despliegue de 500 militares con funciones policiales en la ciudad. La tesis que subyace a esta decisión es clara, quizás demasiado. Ante la imagen de tiendas saqueadas en el centro de una de las capitales económicas de Europa, el ejecutivo de Giorgia Meloni opta por la demostración de autoridad. Pero la autoridad sin marco jurídico preciso no es orden, es improvisación.
El ministro de Exteriores y vicepresidente Antonio Tajani confirmó este martes, en un foro económico celebrado en Roma, que el Consejo de Ministros aprobaría esa misma tarde la medida. «La respuesta del Gobierno será firme para garantizar el libre comercio», declaró Tajani, en referencia directa a los saqueos registrados el fin de semana anterior. El anuncio, sin embargo, ya lo había hecho la noche previa Matteo Salvini, vicepresidente y líder de la Liga, en lo que pareció más un movimiento político que una decisión coordinada de gobierno.
Una operación con antecedentes, pero con nuevas exigencias
El mecanismo previsto no es enteramente nuevo. La llamada Operación Calles Seguras, vigente desde 2008, mantiene soldados desplegados en puntos sensibles y turísticos del país con una función disuasoria frente a la criminalidad. Lo que se plantea ahora es una ampliación de ese esquema para dotar a los militares de competencias de policía judicial, algo cualitativamente distinto y mucho más delicado desde el punto de vista del Estado de derecho.
Fue precisamente el ministro de Defensa, Guido Crosetto, quien puso el dedo en la llaga con una franqueza poco habitual dentro de un mismo gabinete. «Es fácil anunciar más militares sin afrontar el problema de qué deberán hacer y cómo podrán hacerlo», advirtió. Y fue más lejos: para que la medida tenga sentido, señaló, el Consejo de Ministros debe aprobar normas que permitan a los soldados actuar como fuerzas policiales durante un periodo limitado —tres meses— en apoyo a los Carabinieri y la Policía. El subsecretario de Defensa, Matteo Perego di Cremnago, ha sido el encargado de estudiar el marco legislativo necesario. La secuencia es reveladora: primero el anuncio político, después la búsqueda de cobertura legal.
Las reservas institucionales y la aritmética de los disturbios
La crítica no ha venido solo de la oposición. El sindicato policial SIAP ha advertido que atribuir funciones de policía judicial a los militares «requiere una formación específica, experiencia y organización». No es un reparo menor. La distinción entre presencia disuasoria y actuación judicial es la diferencia entre desplegar uniformes y ejercer potestades coercitivas sobre ciudadanos. Confundirlas no refuerza el orden; lo fragiliza.
Los partidos de centroizquierda han calificado la medida de intento de «militarizar» la ciudad. El término puede sonar exagerado, pero la advertencia de fondo merece atención: el uso del ejército en funciones civiles exige siempre una justificación proporcional y una delimitación temporal y competencial muy precisa. Sin esos contornos, el remedio puede erosionar las mismas instituciones que pretende proteger.
Los datos sobre los disturbios complican, además, cualquier lectura simplista. Las protestas surgieron al margen de una manifestación contra el encarecimiento del coste de vida en Italia y derivaron en saqueos e importantes destrozos en el centro de Milán. De las 270 personas identificadas, 220 eran menores de edad. Un ejército no es la respuesta natural a un problema que incluye dimensiones sociales, educativas y de política urbana que ningún uniforme puede resolver.
El riesgo de la política del gesto
Lo que está en juego aquí va más allá de Milán. Un gobierno que responde a cada crisis de orden público con un anuncio de despliegue militar —antes de haber resuelto el qué, el cómo y el durante cuánto tiempo— practica la política del gesto: eficaz en el ciclo mediático, frágil ante el escrutinio institucional. La coherencia interna del propio ejecutivo, con Crosetto frenando el impulso de Salvini, sugiere que incluso dentro de la coalición hay quienes comprenden que gobernar exige algo más que titulares.
El Estado de derecho no se defiende solo con más presencia uniformada. Se defiende con normas claras, instituciones bien financiadas y una política que no confunda la firmeza con la precipitación. Italia tiene derecho a exigir orden en sus calles. También tiene derecho a exigir que ese orden se restaure dentro de la ley.