En los aledaños del Etihad Stadium, donde el Manchester City ha construido durante década y media un imperio deportivo financiado con capital de Abu Dhabi, se cierne ahora una amenaza de proporciones sin precedentes en la historia del fútbol inglés. Según informaron The Times y The Athletic, el club ha sido declarado culpable de 114 de los 115 cargos que se le imputaban por incumplimiento de la normativa financiera de la Premier League. Las sanciones concretas están aún por determinar, el proceso continúa su curso y se espera que el club presente un recurso, pero la magnitud del veredicto sacude los cimientos del deporte más seguido del planeta.
Los clubes de la Premier League habrían recibido comunicación formal del asunto el pasado jueves. Lo que durante años fue un expediente abierto y latente se convierte ahora en un fallo que obliga a tomar posición: al regulador, a los rivales y al propio City, que mantiene públicamente su inocencia.
Un proceso que arranca en 2023 y se remonta una década atrás
La Premier League formuló los cargos en febrero de 2023, pero los hechos investigados se remontan a la temporada 2009-2010. La acusación se articula en cinco grandes bloques: 54 cargos por no haber proporcionado información financiera adecuada entre 2009-2010 y 2017-2018; 14 por omitir detalles sobre pagos a jugadores y entrenadores en ese mismo período; 5 por incumplir las normas de la UEFA, incluido el fair play financiero, entre 2013-2014 y 2017-2018; 7 por vulnerar las reglas de sostenibilidad financiera de la Premier entre 2015-2016 y 2017-2018; y 35 por obstruir o no cooperar con las investigaciones de la liga entre diciembre de 2018 y febrero de 2023.
La envergadura del expediente no tiene parangón en el fútbol inglés. Ningún club había enfrentado antes un número tan elevado de cargos simultáneos, ni con un arco temporal tan dilatado. El veredicto, en ese contexto, no es un accidente administrativo: es el resultado de años de instrucción.
El antecedente de la UEFA y la lección del TAS
El City ya había protagonizado un episodio similar en 2020, cuando la UEFA le sancionó con dos temporadas de exclusión de la Liga de Campeones por haber inflado artificialmente sus ingresos de patrocinio entre 2012 y 2016. El club recurrió al Tribunal de Arbitraje del Deporte, que anuló la sanción principal argumentando que habían transcurrido demasiados años desde las irregularidades o que estas no estaban suficientemente acreditadas. El City sí abonó entonces una multa de aproximadamente diez millones de euros por no haber cooperado con la investigación de la UEFA.
Aquel precedente alienta hoy la estrategia del club. La dirección del Etihad confía en que el recurso ante la comisión independiente pueda reproducir el resultado obtenido ante el TAS. Sin embargo, el marco jurídico de la Premier League y sus mecanismos de arbitraje difieren sustancialmente de los de la UEFA, lo que hace incierta cualquier extrapolación directa.
Las sanciones posibles, un abanico que va de la multa a la expulsión
Todas las opciones están formalmente sobre la mesa. Las sanciones podrían ir desde una simple amonestación o una penalización económica hasta la deducción de puntos en la clasificación, con la expulsión de la competición como escenario extremo. La cuestión de si una eventual retirada de puntos operaría con carácter retroactivo añade una capa adicional de complejidad: si así fuera, el City podría perder alguno de los ocho títulos de liga conquistados desde que el capital emiratí tomó el control del club en 2008, además de una Liga de Campeones, cuatro FA Cup y siete Copas de la Liga.
El precedente más cercano lo ofrecen el Everton y el Nottingham Forest. Al primero se le descontaron ocho puntos a lo largo de la temporada 2023-2024 tras dos infracciones separadas de las normas de rentabilidad y sostenibilidad; al segundo, cuatro puntos en marzo de 2024 por una vulneración similar. Ambos casos, con todo, resultan cualitativamente distintos en escala y en número de cargos respecto al que ahora afecta al City.
La posición del club y la voz de Rodri
El Manchester City ha respondido con un comunicado en el que sostiene que «el proceso sigue su curso, con importantes elementos todavía por valorar y completar, y sujeto a una estricta confidencialidad». La posición es coherente con la que mantuvo en 2023: el club niega haber infringido norma alguna y apela a la presunción de inocencia mientras el procedimiento no concluya.
En la rueda de prensa de la selección española, Rodri —centrocampista formado en el City durante varios años— fue preguntado por la situación. Su respuesta fue reveladora: «Vivimos algo similar en 2020 y desde el club siempre nos transmitieron tranquilidad, nos dijeron que se habían hecho las cosas correctamente. Confío en que se haga justicia y en que el City salga impune». La declaración ilustra bien el clima interno, pero también la distancia que separa la confianza institucional del veredicto que acaba de conocerse.
Lo que está en juego trasciende el destino de un club, por poderoso que sea. Si las sanciones son severas y se sostienen en el recurso, el caso podría redefinir los límites del cumplimiento normativo en el fútbol europeo y demostrar que las reglas del juego —también las financieras— son exigibles incluso para quienes disponen de recursos casi ilimitados para combatirlas. Si, en cambio, el City logra nuevamente revertir o minimizar el fallo, la credibilidad de los mecanismos reguladores quedará seriamente comprometida. Toca esperar.