Un liderazgo estadístico que no admite matices
En el segundo trimestre de 2026, los órganos judiciales del archipiélago canario registraron una tasa de litigiosidad de 51,49 asuntos por cada 1.000 habitantes, la cifra más elevada de todo el territorio nacional y un 30,8% superior a la media española, que se situó en 39,35 asuntos. No se trata de una anomalía puntual ni de una fluctuación estadística: es la séptima vez consecutiva que Canarias ocupa ese primer puesto en el ranking elaborado por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
El dato invita a reflexionar sobre las causas estructurales de una conflictividad judicial tan persistente en un territorio que, por su tamaño y población, no debería generar por defecto semejante volumen de litigios. La pregunta relevante no es si Canarias litiga más, sino por qué lleva tanto tiempo haciéndolo.
El desglose por jurisdicciones
En el orden civil, las oficinas judiciales canarias registraron entre abril y junio de 2026 un total de 50.501 asuntos nuevos, lo que representa un descenso del 7,9% respecto al mismo periodo del año anterior. Sin embargo, la resolución cayó con mayor intensidad —un 29,7% menos, con 41.958 expedientes cerrados—, lo que elevó la pendencia acumulada hasta los 175.960 asuntos, un 0,4% más que al cierre de junio de 2025. La brecha entre entrada y resolución es, en sí misma, un indicador de tensión estructural.
En el orden penal, los datos apuntan en dirección contraria: se registraron 52.765 asuntos nuevos, un 1,1% más que el año anterior, mientras que la resolución descendió un leve 0,6%, con 51.534 expedientes resueltos. La pendencia al cierre del trimestre alcanzó los 57.654 casos, un significativo 14,8% más que en el mismo periodo de 2025, lo que sugiere que el sistema penal canario acumula presión sin alivio visible.
La jurisdicción contencioso-administrativa ofreció, en apariencia, señales más favorables: se abrieron 2.771 procedimientos, un 37,3% menos que en el segundo trimestre de 2025, y se resolvieron 3.025, también con una caída del 40,1%. La pendencia se redujo levemente hasta los 17.385 asuntos, un 1,4% menos. No obstante, la magnitud de los descensos en entrada y resolución simultáneos dificulta extraer conclusiones definitivas sobre una mejora real del sistema.
Fue el orden social el que presentó el crecimiento más llamativo: 10.269 procesos iniciados entre abril y junio, un 24,2% más que el año anterior, con 8.725 asuntos resueltos —un 5,8% más— y una pendencia que creció un 22% hasta los 28.673 expedientes en trámite. El dinamismo de la conflictividad laboral en Canarias merece atención específica, dado que refleja tensiones en el mercado de trabajo de un territorio con una economía fuertemente dependiente del turismo y la estacionalidad.
La producción judicial: sentencias, autos y decretos
A lo largo del segundo trimestre de 2026, los juzgados y tribunales canarios dictaron 26.681 sentencias, lo que equivale a una media de 119,11 por órgano judicial. A ello se sumaron 56.569 autos —252,4 por órgano— y 19.786 decretos, con una media de 88,33 por órgano. En materia de ejecuciones de sentencias, se registraron 14.551 nuevas, se resolvieron 16.566 y quedaron en trámite 182.882, una cifra que ilustra la magnitud del trabajo pendiente en la fase ejecutiva del proceso judicial.
El contexto nacional: moderación en la entrada, caída en la resolución
En el conjunto de España, los juzgados y tribunales ingresaron 1.933.412 nuevos asuntos durante el trimestre, un descenso del 0,6% respecto al mismo periodo del año anterior. La cifra de resoluciones, sin embargo, retrocedió con mayor fuerza: un 9,9% interanual, hasta los 1.846.627 expedientes. La pendencia judicial creció un 3,4% en el conjunto del territorio nacional, lo que indica que la presión acumulada sobre el sistema no se alivia, aunque la entrada de nuevos asuntos se modere ligeramente.
La tasa media nacional de 39,35 asuntos por cada 1.000 habitantes se mantiene en niveles muy similares a los del segundo trimestre de 2025, cuando fue de 39,83. La estabilidad del indicador a escala estatal contrasta con la persistencia de Canarias en el extremo superior de la distribución.
El mapa de la litigiosidad: quién litiga más y quién menos
Tras Canarias, las comunidades con mayor tasa de litigiosidad son Asturias (43,32 asuntos por cada 1.000 habitantes), Madrid (43,05), Cataluña (42,44) y Murcia (40,97), todas ellas por encima de la media nacional. La presencia de Madrid y Cataluña en el grupo de mayor conflictividad no sorprende, dada su densidad poblacional y actividad económica; la de Asturias, en cambio, merece un análisis más detenido que los datos estadísticos por sí solos no proporcionan.
En el extremo opuesto, La Rioja registró la tasa más baja del país, con 28,81 asuntos por cada 1.000 habitantes, seguida del País Vasco (29,35), Extremadura (31,93), Castilla-La Mancha (32,34), Navarra (33,52), Aragón (34,03), Galicia (35,66), Castilla y León (35,33), Comunidad Valenciana (36,33), Cantabria (37,32), Baleares (38,03) y Andalucía (39,03). La distribución geográfica de la litigiosidad no responde a una lógica única ni a un patrón político o económico evidente, lo que refuerza la necesidad de análisis específicos por territorio.
Una anomalía que reclama explicación
Siete años consecutivos en la cima de la litigiosidad no son un accidente estadístico. Canarias presenta una combinación de factores —estructura económica, demografía, composición del tejido empresarial, acceso a la justicia, cultura jurídica local— que ningún dato trimestral puede desagregar por sí solo. Lo que sí revelan las cifras del CGPJ es que el sistema judicial canario soporta una carga desproporcionada respecto a su peso demográfico, y que esa carga no disminuye. Ignorar ese diagnóstico sería, en sí mismo, una forma de negligencia institucional.