La precampaña de las elecciones generales del 29 de noviembre ha arrancado con una retórica que ya era familiar al final de la última legislatura: la derecha española ha adoptado un registro de confrontación exacerbada, con resonancias inequívocas del populismo trumpista, para sembrar la duda sobre la legitimidad del proceso electoral antes incluso de que comience. El argumento central es que los comicios podrían estar viciados de origen por una supuesta manipulación del censo de votantes en el exterior.
La acusación se dirige concretamente a la llamada «ley de nietos», una disposición que permite atribuir la nacionalidad española —y con ella el derecho de sufragio— a quienes nacieron fuera de España de padre, madre, abuelo o abuela que hubieran sido originariamente españoles y hubieran sufrido exilio por razones políticas, perdido la nacionalidad o renunciado a ella.
No se trata de una novedad legislativa improvisada. La disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática de 2022 recoge y amplía lo que ya establecía la Ley de Memoria Histórica de 2007. Quince años de vigencia jurídica, dos gobiernos de distinto signo, y ninguna impugnación seria ante el Tribunal Constitucional: ese es el contexto que la narrativa alarmista prefiere ignorar.
El mecanismo legal responde a una lógica elemental de reparación histórica. Miles de españoles huyeron durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. Sus descendientes, que nunca eligieron nacer fuera de España, ven reconocido un vínculo que el Estado les arrebató por la fuerza. Equiparar ese reconocimiento a un «pucherazo» —término que evoca fraude electoral burdo y deliberado— es una distorsión que merece ser analizada con precisión, no amplificada con indignación.
La cuestión empírica es relevante. ¿Cuántos nuevos electores incorpora este mecanismo al censo exterior? ¿En qué circunscripciones tienen peso real? ¿Existe algún indicio documentado de irregularidad en el proceso de inscripción? Sin respuestas concretas a esas preguntas, el debate se convierte en pura especulación al servicio de un relato predeterminado: el de unas elecciones robadas antes de celebrarse.
Eso es, precisamente, lo que resulta más preocupante. No la ley en sí, que tiene un fundamento jurídico claro y una trayectoria legislativa bipartidista, sino la estrategia de deslegitimación preventiva del resultado electoral. Una democracia robusta puede discutir los criterios de atribución de la nacionalidad o el diseño del voto exterior; lo que no puede permitirse es que actores políticos relevantes inoculen de forma sistemática la desconfianza en las instituciones electorales sin aportar prueba alguna de fraude.
El Estado de derecho no funciona con sospechas lanzadas al espacio público. Funciona con denuncias formales, pruebas, procedimientos y órganos independientes que los resuelven. Si alguien dispone de evidencias de manipulación censal, los cauces existen y son accesibles. Si no las tiene, la responsabilidad política exige no confundir una discrepancia legítima sobre política de nacionalidad con una conspiración electoral.
La diferencia importa. Y mucho.