El 7 de julio de 2021, un comando armado irrumpió en la residencia privada del presidente haitiano Jovenel Moïse y lo asesinó mientras dormía. Aquella noche inauguró una de las crisis políticas más graves que ha conocido el Caribe en décadas, y sus consecuencias jurídicas siguen desplegándose hoy, a miles de kilómetros del lugar de los hechos, en un tribunal federal de Miami.
Un médico con ambiciones de palacio
Christian Emmanuel Sanon, médico y pastor haitiano-estadounidense de 67 años, fue detenido en Haití apenas unos días después del magnicidio. La policía registró su vivienda y encontró municiones y más de una docena de pasaportes, indicios que los fiscales estadounidenses interpretaron como evidencia de su participación activa en la trama. Según la acusación, Sanon no solo habría financiado la operación y organizado el contrabando de chalecos antibalas hacia la isla, sino que habría participado directamente en el reclutamiento del grupo de ejecutores, entre los cuales figuraban más de una docena de exmilitares colombianos. Su motivación, según los fiscales, era tan concreta como reveladora: aspiraba a ocupar la presidencia de Haití una vez consumado el crimen.
Trasladado a Estados Unidos a principios de 2023, Sanon se declaró inocente desde el primer momento. Su caso fue separado del primer grupo de acusados por razones de salud, lo que retrasó el inicio del proceso. Sin embargo, la investigación no se detuvo durante ese tiempo: la lista de cargos que se le imputan ha ido creciendo a medida que los fiscales profundizaban en la estructura de la conspiración. De ser hallado culpable de todos ellos, podría enfrentarse a cadena perpetua.
Este lunes arrancó formalmente el juicio con la selección del jurado en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida. La jueza comenzó a escuchar los argumentos orales de la Fiscalía y la defensa a partir del martes, abriendo así la fase central de un proceso que promete arrojar luz sobre los entresijos de uno de los magnicidios más perturbadores del siglo.
Una red de cómplices que se extiende por varios países
El caso no se limita a Sanon. Hasta la fecha, unas treinta personas han sido acusadas formalmente en relación con el asesinato de Moïse. Cinco de ellas ya fueron condenadas a cadena perpetua a principios de este año, y otras cuatro se declararon culpables en mayo, en lo que los fiscales presentaron como un avance significativo en el desmantelamiento de la red. La dimensión transnacional de la trama quedó aún más expuesta el 20 de septiembre, cuando veinte sospechosos adicionales fueron extraditados desde Haití a Estados Unidos y comparecieron ante los tribunales al día siguiente. Entre ellos se encontraban una docena de soldados colombianos, un expolicía haitiano y Joseph Felix Badio, ex empleado del Ministerio de Justicia de Haití y miembro de una unidad anticorrupción, cuya presencia en el grupo subraya la profundidad institucional de la conspiración.
La defensa de Sanon no niega sus ambiciones presidenciales, que han quedado acreditadas documentalmente. Lo que sus abogados rechazan con firmeza es que su cliente tuviera conocimiento del complot que terminó con la vida de Moïse. Es una distinción jurídica crucial: la diferencia entre albergar aspiraciones políticas y participar conscientemente en un plan de asesinato. Sobre esa línea se libra ahora la batalla procesal en Miami.
Haití, sin presidente y bajo el control de las bandas
Mientras la justicia estadounidense avanza, Haití sigue pagando el precio político de aquella noche de julio de 2021. El país permanece sin presidente electo y bajo el dominio casi total del crimen organizado, que controla amplias zonas de Puerto Príncipe y de otras regiones del territorio. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas debía renovar este martes el mandato de la Fuerza de Supresión de Pandillas, creada en septiembre de 2025 para combatir a las bandas armadas, facilitar la distribución de ayuda humanitaria y proteger la infraestructura estatal. Pero la propia existencia de ese mandato revela la magnitud del fracaso: la fuerza no ha logrado restablecer condiciones mínimas de seguridad en la capital ni en las regiones sitiadas.
El juicio de Miami no devolverá la estabilidad a Haití, pero sí puede contribuir a esclarecer ante la opinión pública y ante la historia cómo se fraguó el asesinato de un jefe de Estado en pleno siglo XXI, con actores de al menos tres países, financiación organizada y una cadena de mando que los fiscales llevan cuatro años intentando reconstruir. Esa reconstrucción entra ahora en su fase más pública y decisiva.