Cuando la norma sirve de escudo
Carlos Martínez, secretario general del PSOE de Castilla y León, compareció este sábado ante el Comité Federal del partido con un mensaje cuidadosamente calibrado: lo ocurrido con las listas electorales es «normalidad total y absoluta». La fórmula es políticamente eficaz, pero merece un examen más detenido. Porque cuando una dirección federal desplaza a candidatos elegidos por la militancia y el responsable regional responde invocando el reglamento interno, lo que se revela no es una cuestión procedimental menor, sino una tensión estructural entre la legitimidad de las bases y el poder de los aparatos. Esa tensión, que Martínez reconoció a medias al admitir que la configuración de las listas «genera fricción», constituye el verdadero núcleo del episodio.
Los hechos son concretos y no admiten ambigüedad. La Comisión Federal de Listas del PSOE decidió el viernes excluir a Luis Tudanca, elegido por el Comité Provincial de Burgos como cabeza de lista al Senado, para sustituirlo por la alcaldesa de Miranda de Ebro, Aitana Hernando. En Palencia, el mismo órgano apartó al candidato respaldado por los militantes, Álvaro Bilbao, e impuso a Mariluz Martínez Seijo. La alcaldesa de Palencia y secretaria provincial del PSOE, Míriam Andrés, no se mordió la lengua: acusó a Ferraz de «pasarse la voz de la militancia por el forro», una expresión que, más allá de su crudeza coloquial, describe con precisión lo que ocurrió.
El reglamento como argumento circular
Martínez optó por no confrontar ni a Ferraz ni a Andrés, y encuadró todo en el funcionamiento ordinario del partido. Recordó que el PSOE «se ha dotado de una normativa» que establece primarias para elegir candidatos a la presidencia del Gobierno, a comunidades autónomas y a alcaldías, donde «el voto de la militancia es absolutamente clave». Pero añadió, con notable sutileza, que «en paralelo» existe un procedimiento por el cual las propuestas de las ejecutivas provinciales deben ser «refrendadas o modificadas» por los órganos federales. Es decir: las bases votan, pero Ferraz decide. El argumento es formalmente correcto —el reglamento efectivamente lo permite— pero su validez procedimental no resuelve la pregunta política de fondo: ¿en qué medida una estructura que puede revertir sistemáticamente las preferencias de la militancia merece llamarse participativa?
Esta pregunta no es retórica ni sectaria; es la pregunta que cualquier organización democrática debería hacerse cuando el margen de intervención centralizada resulta tan amplio que vacía de contenido real los procesos de consulta interna. El hecho de que Martínez reconozca las «fricciones» sin cuestionar el mecanismo que las produce revela una actitud de gestión antes que de reflexión crítica. La norma se convierte así en un escudo que protege la decisión, no en un criterio que la legitima.
Unidad de fachada y proyecto electoral
Una vez aprobadas definitivamente las listas por el Comité Federal, Martínez reclamó a los socialistas concentrarse en «ganar las elecciones» y articular «un proyecto sólido» capaz de convencer a la ciudadanía de que el PSOE representa «el futuro». Destacó el acuerdo alcanzado con Frente Amplio para concurrir conjuntamente al Senado, con el objetivo de «generar un bloque progresista» que dé continuidad a las políticas públicas en materia de igualdad de oportunidades, también en Castilla y León. La apelación a la unidad es comprensible en vísperas de una campaña electoral, pero su credibilidad queda en entredicho cuando la cohesión se impone desde arriba antes de que la herida interna haya cicatrizado.
Martínez también aprovechó para trazar el marco de la contienda territorial, lamentando que Castilla y León lleve «prácticamente 40 años» gobernada por la derecha y denunciando las políticas del actual Ejecutivo del Partido Popular con Vox: la supresión de intervenciones públicas en el mercado de la vivienda, el recorte de partidas destinadas a derechos sindicales y el abandono de las políticas contra la violencia machista. Son críticas sustantivas que merecen debate, pero su eficacia retórica no puede ocultar que el partido que las formula acaba de protagonizar un episodio de centralismo interno que contradice, al menos en parte, el discurso participativo que sostiene en campaña.
La lección que deja este episodio no es que el PSOE sea un partido más autoritario que otros —todos los grandes partidos españoles conocen bien la tensión entre aparato y bases—, sino que la invocación de la normalidad como respuesta a la disidencia interna es, en sí misma, un síntoma. Cuando normalizar equivale a silenciar, la fricción no desaparece: se acumula.