Un acuerdo que se deshace por horas
Lo que parecía encaminado se ha complicado en cuestión de horas. Junts advirtió este lunes de que el Gobierno ha alterado de forma sustancial el borrador del decreto de vivienda durante la tarde, incorporando medidas que no formaban parte de lo negociado en los días previos. La formación independentista, que por la mañana daba su visto bueno mayoritario al texto, acusa ahora al Ejecutivo de haberlo convertido en un real decreto «ómnibus», un cajón de sastre legislativo que desvirtúa lo pactado.
El diagnóstico de Junts es directo: «El Gobierno español se aleja del acuerdo trabajado en los últimos días y vuelve a poner en riesgo las soluciones en materia de vivienda.» No es la primera vez. La formación recuerda que la inclusión de medidas ajenas a lo negociado ya dificultó la convalidación de anteriores reales decretos, un patrón que, a su juicio, se repite con preocupante regularidad.
La presión de los socios del Ejecutivo habría sido el detonante del giro. Junts no concreta qué partidos habrían impulsado los cambios, pero la acusación implícita apunta a que el Gobierno ha cedido ante demandas de su coalición a costa de lo acordado con la formación catalana.
Las objeciones concretas: propietarios y arrendamientos
Junts no se limita a la queja genérica. Sus objeciones son precisas. El nuevo borrador, sostiene, deja a los pequeños propietarios sin protección suficiente, equiparándolos en determinados supuestos relacionados con ocupaciones a los fondos de inversión. Esa equiparación, argumentan, es jurídicamente injusta y políticamente indefendible.
La segunda objeción es de calado procedimental. El decreto pretende modificar hasta 34 artículos de la Ley de Arrendamientos Urbanos mediante la vía del real decreto, cuando esa misma reforma ya se tramita en el Congreso a través de una iniciativa legislativa en la que participan los distintos grupos parlamentarios. Utilizar el decreto para adelantar o condicionar ese debate parlamentario plantea dudas razonables sobre el respeto al procedimiento legislativo ordinario.
Ambas cuestiones no son menores. Afectan al equilibrio entre propietarios e inquilinos, al alcance real de la norma y, sobre todo, a la coherencia del proceso legislativo. Legislar por decreto materias que ya tienen cauce parlamentario abierto es una práctica que merece escrutinio crítico, independientemente del signo político de quien la ejerce.
La negociación sigue abierta, pero el tiempo apremia
Pese al distanciamiento, Junts no cierra la puerta. La formación asegura que mantendrá conversaciones «hasta el final» para intentar alcanzar un acuerdo antes del Consejo de Ministros de este martes. «Nosotros queremos que haya acuerdo. Por nosotros no quedará», señalan fuentes de la formación, que insisten en su disposición a seguir trabajando en un texto que dé respuesta a los problemas reales de vivienda.
El margen es estrecho. El Consejo de Ministros se celebra este martes, lo que deja pocas horas para recomponer lo que la tarde del lunes ha deteriorado. Junts considera que el Gobierno todavía está «a tiempo» de reorientar el decreto y recuperar el terreno negociado, pero la advertencia es clara: si el texto no cambia, el acuerdo no está garantizado.
La formación lanza además un mensaje que trasciende la coyuntura inmediata: «En vivienda el objetivo no debe ser una foto, un tuit o un titular: debe ser encontrar soluciones.» Es una crítica a la política de escaparate, a la gestión legislativa orientada a la comunicación antes que a la eficacia normativa. Una crítica, en todo caso, que aplica con igual fuerza a todos los actores de esta negociación.
El patrón que se repite
Este episodio no ocurre en el vacío. La dificultad para convalidar anteriores reales decretos por la incorporación de medidas no pactadas revela una disfunción estructural en la forma en que el Gobierno gestiona sus mayorías parlamentarias. Cada socio tira en una dirección. El resultado es un texto que intenta satisfacer a todos y acaba generando desconfianza en cada uno.
El decreto de vivienda era una oportunidad para demostrar que la fragmentación parlamentaria no impide gobernar con rigor. Por ahora, el lunes ha dejado más dudas que certezas. La pregunta relevante no es si Junts apoyará el decreto: es si el Gobierno es capaz de negociar con coherencia y mantener lo acordado frente a las presiones internas de su propia coalición.