Un decreto foral. Trece artículos, dos anexos y una pregunta que ya circula entre propietarios e inmobiliarias navarras: ¿qué ocurre con mi vivienda si ya está construida?
El Gobierno de María Chivite acordó esta semana tomar en consideración el proyecto de Decreto Foral que regulará las condiciones mínimas de habitabilidad de las viviendas en Navarra. El texto, impulsado por la vicepresidenta Begoña Alfaro, será remitido ahora al Consejo de Navarra para que emita su dictamen, último trámite antes de la aprobación definitiva. La norma viene a sustituir al Decreto Foral 142/2004, de 22 de marzo, que lleva más de dos décadas rigiendo un sector que, entre tanto, ha cambiado radicalmente.
El Ejecutivo foral argumenta que aquel marco regulatorio ha quedado desfasado por la acumulación de cambios legales, técnicos, sociales y urbanísticos. El diagnóstico es razonable. Lo que ya genera más debate es el tratamiento que el nuevo texto propone para resolverlo.
La novedad más significativa —y la que más inquietud despierta entre los afectados— es que las nuevas condiciones mínimas no se limitarán a las promociones que se construyan a partir de ahora. El decreto extenderá su aplicación a las viviendas ya construidas, que deberán acreditar el cumplimiento de unos requisitos mínimos de habitabilidad. El primer anexo del decreto detalla precisamente esas condiciones para el parque edificado existente, mientras que el segundo se ocupa de los estándares exigibles en obra nueva.
La norma incorpora además dos vectores que reflejan las prioridades políticas del momento. De un lado, criterios de eficiencia energética aplicables a cualquier vivienda que quiera considerarse habitable. Del otro, la llamada perspectiva de género en la edificación, un concepto que el texto introduce como criterio de valoración sin que el borrador publicado hasta ahora precise con exactitud qué condiciones concretas se derivan de él. Ambas exigencias se suman a los requisitos clásicos: servicios e instalaciones, condiciones de seguridad, accesos, circulaciones interiores, escaleras de uso común, patios, garajes y trasteros.
El Gobierno presenta la norma como un instrumento para facilitar la creación de vivienda y corregir las barreras que habría generado la regulación anterior. Esa declaración de intenciones es legítima. Pero la lógica interna del texto apunta en una dirección más ambivalente: mientras elimina algunos obstáculos, añade otros, mantiene los controles administrativos y amplía los criterios que determinarán si una vivienda puede o no ser habitada. La pregunta que queda en el aire es si el resultado neto de esa ecuación abarata o encarece el acceso a la vivienda en una comunidad que, como el resto de España, arrastra un déficit estructural de oferta.
Navarra no es un caso aislado. En toda Europa, los gobiernos oscilan entre la voluntad declarada de aumentar el parque residencial y la tendencia, igualmente real, a multiplicar las exigencias sobre ese mismo parque. El decreto de Chivite ilustra esa tensión con precisión casi clínica. La norma llega con buenas intenciones, un diagnóstico correcto sobre la obsolescencia del marco anterior y una batería de nuevos requisitos cuyo impacto sobre propietarios, arrendadores e inquilinos todavía está por calibrar. El Consejo de Navarra tiene ahora la palabra.