Ceuta afronta la mayor crisis migratoria de su historia reciente. Cerca de 20.000 personas cruzaron irregularmente la frontera el 30 de julio de 2025, y el Ministerio del Interior eleva ya a 49.000 las llegadas desde Marruecos en las últimas 24 horas. La ciudad, declarada en situación de contingencia migratoria extraordinaria desde el 29 de agosto de 2025, carece de capacidad para gestionar una avalancha de esta magnitud.
El Sindicato Médico de Ceuta (SMC) advierte de que las pruebas de determinación de edad podrían superar los 10.000 exámenes. Su presidente, Enrique Roviralta, señala que el servicio de Radiodiagnóstico —responsable de practicar radiografías de muñeca y ortopantomografías para establecer la minoría de edad— cuenta únicamente con tres profesionales, y que parte de la actividad está externalizada a una empresa que «envía los informes desde Madrid». Los recursos, en síntesis, no dan para más.
Roviralta denuncia también que las peticiones de ayuda han sido ignoradas sistemáticamente. Recuerda que Ceuta fue declarada zona de difícil cobertura médica mediante real decreto en 2023, extremo que el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, niega ahora públicamente. La contradicción entre los hechos documentados y el discurso oficial es llamativa, y no contribuye precisamente a generar confianza institucional.
El marco jurídico que rige el destino de los menores es el Real Decreto aprobado el 22 de julio de 2025, que regula las medidas de protección del interés superior del menor en situaciones de contingencia. La norma establece un plazo de 15 días naturales para trasladar a la Península a los menores no acompañados una vez superado el umbral legal de acogida. Antes de la avalancha del 30-J, Ceuta ya albergaba 570 menores en un sistema con capacidad oficial para apenas 29 plazas: una sobreocupación del 1.600%. Ese mismo miércoles llegaron a nado desde Marruecos unos 130 menores adicionales, según datos del Gobierno ceutí.
El Consejo de Ministros aprobó el 14 de julio la transferencia de 5,5 millones de euros a Ceuta, la mayor asignación individual dentro de los 35 millones distribuidos entre todos los territorios. Uno de los criterios de reparto es la capacidad ordinaria de acogida, fijada oficialmente en 29 plazas para la Ciudad Autónoma. Las cifras hablan por sí solas sobre la distancia entre la realidad y los parámetros administrativos.
El Gobierno central sostiene que los traslados de menores se desarrollaban «con total normalidad» antes de la crisis del 30-J. Desde la aprobación del Real Decreto, un total de 652 menores han salido de Ceuta: 419 reubicados al amparo de la nueva norma y 233 trasladados antes de su entrada en vigor. Son cifras que, frente a la magnitud de la avalancha actual, resultan insuficientes por definición.
Ninguno de estos compromisos se ha materializado aún. La brecha entre las declaraciones institucionales y la realidad sobre el terreno en Ceuta es, a día de hoy, tan amplia como preocupante.