Hay noticias que, presentadas con cierto optimismo, revelan al examinarse con detenimiento una realidad bastante más incómoda. El Principado de Asturias ha dejado de ocupar el último lugar en el ranking de crecimiento económico regional de España, un modesto avance que, sin embargo, no debería provocar ninguna celebración precipitada. Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), correspondientes a la Contabilidad Regional de España para el período 2023-2025, el PIB asturiano creció un 1,9% el pasado año, lo que le permite superar únicamente a Cantabria, que registró el crecimiento más bajo de todas las comunidades autónomas con un 1,7%. La distancia respecto a la media nacional, situada en el 2,6%, sigue siendo notable, y el contraste con las regiones más dinámicas resulta francamente revelador.
La estadística del INE incorpora las estimaciones regionales tras actualizar la serie 2023-2025 de la Contabilidad Nacional Anual, lo que dota a estas cifras de una solidez metodológica que conviene tomar en serio. Y lo que esos datos dicen, sin ambigüedad posible, es que el crecimiento de Asturias equivale a poco más de la mitad del que registró la Región de Murcia, la comunidad que encabezó el dinamismo económico nacional. Murcia, Extremadura, La Rioja y Castilla y León lideraron la expansión del PIB en 2025, conformando un grupo de territorios que, con independencia de su tamaño o tradición industrial, han logrado generar riqueza a un ritmo que Asturias no alcanza ni de lejos. Junto al Principado, el País Vasco completa el trío de comunidades con los crecimientos más bajos, aunque su posición de partida —en términos de renta per cápita— es radicalmente distinta.
El único dato que permite cierto alivio comparativo es que todos los territorios españoles, incluida la propia Asturias, superaron el crecimiento medio de la Unión Europea, fijado en el 1,4%. Pero este consuelo estadístico no debe ocultar el problema estructural que los datos del INE vuelven a poner sobre la mesa: Asturias crece, sí, pero lo hace a un ritmo que no le permite converger con el resto del país, y mucho menos reducir la brecha acumulada durante décadas de declive industrial y envejecimiento demográfico.
La dimensión del PIB per cápita añade otra capa de preocupación. La riqueza por habitante en el Principado no alcanza los 30.700 euros, lo que sitúa a Asturias en el undécimo puesto entre las comunidades autónomas y a casi 4.000 euros por debajo de la media nacional. Es decir, no solo se crece menos, sino que se parte de una base de prosperidad relativa inferior a la del conjunto del país. Esta combinación —menor dinamismo y menor renta de referencia— es precisamente la que hace que los titulares sobre «dejar de ser la última» resulten, cuando menos, insuficientes como diagnóstico.
Un análisis riguroso de la situación asturiana exige resistir la tentación de convertir el penúltimo puesto en un logro. La economía regional lleva años enfrentando desafíos que van mucho más allá de los ciclos coyunturales: una estructura productiva que no ha completado su transformación postsiderúrgica, una demografía que envejece a un ritmo superior al de la mayoría de las regiones españolas y una inversión en sectores de alto valor añadido que no termina de despegar con la intensidad necesaria. Estos factores no se resuelven con un año de crecimiento del 1,9%, por bienvenido que sea cualquier avance.
Lo que los datos del INE ofrecen, en definitiva, es una fotografía fiel de una comunidad que avanza, pero que lo hace a un paso que no le permite alcanzar al pelotón. En un debate público demasiado a menudo dominado por el relato de la gestión política —ya sea para atribuirse méritos o para cargar las culpas al adversario— las cifras de la contabilidad regional tienen la virtud de imponer una disciplina objetiva. Asturias no es la última, cierto. Pero tampoco está donde debería estar, y reconocerlo con claridad es el primer requisito para diseñar políticas económicas que estén a la altura de lo que la región necesita.