El arbitraje español acumula un déficit de credibilidad que ninguna iniciativa cosmética parece capaz de revertir. El Comité Técnico de Árbitros (CTA) ha puesto en marcha esta temporada varias medidas orientadas a mejorar la transparencia de sus colegiados, pero los episodios recientes en los campos de Primera División demuestran que el problema es más profundo que cualquier reforma de imagen.
Entre las novedades impulsadas por el CTA figura la obligación de que los árbitros ofrezcan una breve entrevista televisiva momentos antes de los partidos que dirigen. El objetivo declarado es doble: por un lado, acercar la figura del colegiado al aficionado; por otro, preparar el terreno para que, en un futuro próximo, esos mismos árbitros expliquen sus decisiones también al término de los encuentros. La intención es loable, pero la medida choca con una realidad incómoda: la confianza no se recupera con declaraciones protocolarias, sino con actuaciones consistentes y coherentes sobre el terreno.
El caso más reciente y más resonante es el del árbitro madrileño Miguel Ángel Ortiz Arias durante el derbi entre Atlético de Madrid y Real Madrid. A lo largo del encuentro, Ortiz Arias omitió dos tarjetas rojas a jugadores rojiblancos, para después rectificar parcialmente tras consultar el monitor del VAR y expulsar al madridista Dean Huijsen. La secuencia —permisividad inicial con un equipo, corrección tardía que afecta al rival— alimenta exactamente el tipo de sospecha que el CTA asegura querer disipar.
El programa Tiempo de Revisión, segunda gran apuesta del CTA en materia de transparencia, adolece del mismo defecto estructural. En teoría, el espacio analiza semanalmente las jugadas polémicas de Primera y Segunda División y de la Liga F; en la práctica, la selección de acciones carece de criterios públicos y verificables. La semana pasada, por ejemplo, el programa eludió explicar el penalti señalado sobre Lamine Yamal en el Ciutat de Valencia, una de las acciones que más debate generó en la jornada. Se espera que esta semana aborde las tres jugadas más discutidas del derbi, todas ellas favorables a los intereses del Atlético de Madrid, pero la expectativa misma revela el problema: los aficionados y los medios ya anticipan qué se dirá y qué se omitirá.
La transparencia arbitral no puede construirse sobre la selección discrecional de lo que se explica y lo que se silencia. Un sistema creíble exige criterios objetivos, aplicados con rigor y sin distinción según el partido o los equipos implicados. Mientras el CTA no resuelva esa contradicción de fondo, las entrevistas previas y los programas de análisis seguirán siendo, en el mejor de los casos, un ejercicio de relaciones públicas insuficiente para recuperar el crédito perdido.