Un pleno marcado por el clima preelectoral
El Parlament de Cataluña vivió esta semana una sesión de control que difícilmente puede desligarse del calendario electoral. Con las elecciones del 29 de noviembre en el horizonte, la amnistía —y sus beneficiarios más visibles— monopolizó el debate entre formaciones que ya ensayan los argumentos de campaña. La reciente decisión del Tribunal Supremo de aplicar la norma a Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, sumada al regreso de Lluís Puig a Cataluña y al previsto retorno de Toni Comín, proporcionó a cada partido el material necesario para construir su relato.
Lo que se ventilaba en la cámara no era únicamente una valoración jurídica o política de la ley de amnistía. Era, sobre todo, una disputa por la autoría de sus efectos y una advertencia recíproca sobre lo que está en juego el próximo 29 de noviembre.
La disputa por la amnistía: ¿victoria de quién?
Junts reivindica el mérito y reprocha a Illa su pasado
La presidenta del grupo parlamentario de Junts, Mònica Sales, abrió el debate con una declaración categórica: la amnistía representa «el fin de una injusticia» y constituye «una victoria del independentismo y una derrota de los poderes del Estado». Sales reclamó que la norma se aplique también a Carles Puigdemont, todavía ausente, y atribuyó el resultado a la estrategia negociadora de su formación. No dejó pasar la ocasión de recordar que Salvador Illa aplaudió la actuación policial durante el referéndum del 1 de octubre de 2017 y respaldó la aplicación del artículo 155 de la Constitución, argumentando que el presidente ha cambiado de posición según los intereses del PSOE.
Illa disputa la rentabilidad política de la norma
El president de la Generalitat no cedió terreno sin combatir. Illa recordó que la aprobación de la amnistía también requirió los votos del PSC y de ERC, y lanzó una advertencia directa a Sales: «Si fuera por Feijóo y Abascal, con quienes ustedes parece que tienen algún trato, no estarían hoy aquí». El argumento central de Illa fue sencillo pero políticamente eficaz: con el PP y Vox en el Gobierno central, ninguno de los dirigentes independentistas habría recuperado sus derechos políticos. «¿Son equidistantes respecto a quienes quieren recortar el autogobierno, la inmersión o niegan la amnistía?», preguntó el jefe del ejecutivo catalán, cuestionando así la equidistancia que Junts reivindica entre socialistas y una eventual mayoría de derechas. Illa calificó la ley como «un triunfo de todos y de la convivencia».
El PP: gestión, servicios y vida cotidiana
El presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, elevó el tono preelectoral con una intervención que desplazó el eje del debate desde la política identitaria hacia la gestión ordinaria. Su tesis fue nítida: «Pedro Sánchez ha sido bueno para Puigdemont y Junqueras, pero para los catalanes de a pie no». Con esa frase, Fernández intentó separar los beneficios de la amnistía —circunscritos, según él, a una élite política— de las condiciones materiales del ciudadano común.
El dirigente popular enumeró un conjunto de problemas que, a su juicio, caracterizan el Cataluña bajo el mandato socialista: deterioro de los servicios de transporte ferroviario y viario, malos resultados educativos, inseguridad ciudadana, fenómeno de la ocupación ilegal de viviendas y un mercado inmobiliario que hace prácticamente imposible el acceso a la vivienda para los jóvenes. «Bajo el mandato Sánchez-Illa, Cataluña se ha convertido en un auténtico paraíso para okupas y delincuentes multirreincidentes», afirmó. Fernández concluyó reclamando que socialistas y republicanos pasen «una buena temporada en la oposición, en el rincón de pensar y castigados sin recreo».
Illa respondió reivindicando la gestión de su Gobierno y del ejecutivo central, y reprochó al PP su posición contraria a la oficialidad del catalán en la Unión Europea, así como sus propuestas para reducir el autogobierno y suprimir la inmersión lingüística en las escuelas.
Vox: agricultura, vivienda y la sombra de Milei
El sector primario y la política con Marruecos
El portavoz de Vox en el Parlament, Joan Garriga, centró parte de su intervención en la política agrícola del Govern, acusando al ejecutivo de traicionar al sector primario catalán mediante su cooperación con Marruecos y de favorecer, en su opinión, la competencia desleal de productos agrícolas procedentes de ese país. Garriga recordó que, un día antes de la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta en mayo de 2021, el entonces conseller Miquel Sàmper encabezó una misión empresarial catalana en el país norteafricano. «Frente a su primero Mohamed VI, nuestro primero los de casa», proclamó, añadiendo que «la prioridad nacional llegará más pronto que tarde a Cataluña».
Vivienda y el contraataque de Illa
Garriga acusó también a los socialistas de llevar ocho años gobernando España sin resolver el encarecimiento del acceso a la vivienda, y cuestionó su discurso contra los grandes propietarios aludiendo a la pareja de Montse Mínguez, quien posee una treintena de pisos en alquiler y ha practicado desahucios. Concluyó que la continuidad de los socialistas en los gobiernos «da miedo a los campesinos, a los que buscan una vivienda y al conjunto de la sociedad».
Illa respondió señalando que Vox recibía ese mismo miércoles a Javier Milei, y utilizó al mandatario argentino como ejemplo del modelo que, a su juicio, defiende el partido de Abascal: «Jornadas de trabajo de doce horas, pago por medicaciones, recortar las pensiones». Mencionó también los recortes de subvenciones culturales en Castilla y León bajo gobiernos con participación de Vox. «Motosierra y recortes, ese es su modelo», resumió Illa, considerando positivo que los ciudadanos conozcan las propuestas de cada partido antes de acudir a las urnas.
El 29-N como telón de fondo
Más allá de los intercambios concretos, la sesión reveló las líneas argumentales que cada formación llevará a la campaña electoral. El PSC apuesta por presentarse como garante de la amnistía frente a una derecha que la habría bloqueado. Junts reivindica su papel negociador y mantiene una equidistancia estratégica que Illa cuestiona con insistencia. El PP desplaza el debate hacia la gestión cotidiana y la seguridad, terrenos donde considera que el independentismo y el socialismo son más vulnerables. Vox combina la cuestión migratoria, la agrícola y la inmobiliaria en un discurso de agravio que apela a sectores económicos concretos.
Lo que el pleno del Parlament evidenció, en definitiva, es que la amnistía ya no es solo una cuestión jurídica pendiente de resolución. Se ha convertido en el campo de batalla político donde cada partido trata de definir quién gana y quién pierde en la Cataluña de 2025.