En el centro neurálgico de Valencia, donde cada 9 d’Octubre la ciudad celebra su Día de la Comunitat con mascletàs y actos institucionales, más de trescientas tiendas de campaña ocupan hoy la plaza del Ayuntamiento. Llevan instaladas desde el pasado sábado, cuando un grupo de activistas por el derecho a la vivienda decidió acampar en ese espacio emblemático tras una manifestación que terminó con el derribo de las vallas protectoras del Palau de Les Arts. Lo que entonces parecía una protesta puntual se ha convertido en un conflicto institucional de primera magnitud, con dos administraciones enfrentadas y una fecha en el calendario que no admite demora.
La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, hizo pública este lunes su negativa a ordenar el desalojo de la acampada. Su argumento descansa en una lectura del derecho de reunión: «La acampada ya ha manifestado su voluntad de no salir para el 9 d’Octubre y, por lo tanto, no se dan las circunstancias para levantarla de otra manera que no sea por voluntad propia». Añadió que no se pueden levantar a la fuerza a tantas personas sin consecuencias graves para la convivencia social, especialmente a pocos días de una fecha tan señalada. La concentración, afirmó, solo se disolverá si quienes la integran deciden marcharse voluntariamente, al estar amparada por la Constitución como ejercicio legítimo del derecho de reunión.
La decisión llega menos de veinticuatro horas después de que la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, remitiera un requerimiento formal a Bernabé advirtiéndole de que, si no adoptaba las medidas a su alcance para garantizar la celebración de los actos del 9 d’Octubre, el Ayuntamiento procedería a interponer las acciones legales pertinentes. Catalá había dejado claro este mismo lunes que el calendario institucional de la Diada no se modifica ni se traslada por la presencia de una protesta, por mucho que esta ocupe el espacio previsto para los festejos. La posición de la alcaldesa es tan nítida como la de la delegada, y entre ambas se abre una grieta de competencias que ninguna de las dos parece dispuesta a ceder.
El episodio que desencadenó esta crisis tuvo lugar el pasado sábado, cuando unos sesenta participantes en la manifestación por la vivienda derribaron las vallas que protegían el Palau de Les Arts para acceder a un congreso de inversiones inmobiliarias que se celebraba en el recinto. Aquel acto de fuerza marcó el tono de una protesta que desde entonces ha escalado en visibilidad y en tensión política. Los portavoces de la acampada insisten en que la concentración es indefinida y que no abandonarán la plaza hasta que sus exigencias en materia de vivienda sean atendidas por las administraciones competentes.
Ante la imposibilidad de despejar la plaza, la Delegación del Gobierno ha ofrecido sus efectivos de la Policía Nacional para articular, junto a la Policía Local, un dispositivo coordinado que permita celebrar los actos institucionales sin interferencias con la protesta. Bernabé ha trasladado al Ayuntamiento la responsabilidad de confirmar qué actos se celebrarán el 9 d’Octubre y en qué condiciones, con una frase que resume la posición de la Delegación: «Será quien confirme los actos que se van a celebrar el 9 d’Octubre y en qué condiciones». El problema concreto más evidente es la mascletà prevista para ese día, cuya celebración resulta prácticamente inviable con trescientas tiendas ocupando el espacio habitual.
Lo que este conflicto pone de manifiesto va más allá del choque entre dos instituciones o de la gestión de un espacio público. Revela la dificultad estructural de arbitrar entre derechos que, en abstracto, son perfectamente compatibles —el de reunión y el de celebración institucional— pero que en la práctica colisionan cuando ninguna de las partes cede un milímetro. La delegada del Gobierno invoca la Constitución para no actuar; la alcaldesa invoca el calendario y la legalidad para no ceder. Entre tanto, los acampados invocan la urgencia de una crisis de vivienda real y documentada para no moverse. El resultado es un impasse que ningún dispositivo policial, por coordinado que sea, puede resolver por sí solo. Lo que ocurra este viernes en la plaza del Ayuntamiento de Valencia dirá mucho sobre cómo se gestiona en este país el conflicto entre el derecho a protestar y el deber de garantizar la vida institucional de una comunidad.