La Puerta del Sol lleva ocupada desde la madrugada del sábado por un grupo de ciudadanos que decidieron no irse a casa. Lo que comenzó como el colofón de una manifestación contra los desahucios se ha convertido en un foco de tensión institucional entre el Ayuntamiento de Madrid y la Delegación del Gobierno, con acusaciones cruzadas que revelan algo más que una disputa de competencias.
El Consistorio madrileño hizo pública este domingo su «sorpresa» e «indignación» ante lo ocurrido, empleando un lenguaje inusualmente directo para referirse a una administración del mismo Estado. Según fuentes municipales, la protesta convocada para denunciar el desahucio de Maricarmen —una mujer que el pasado miércoles tuvo que abandonar la vivienda en la que había residido durante décadas— habría discurrido por zonas no incluidas en la autorización concedida a sus organizadores. Esa circunstancia, sostiene el Ayuntamiento, no fue corregida por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuya actuación en materia de orden público durante manifestaciones corresponde exclusivamente a la Delegación del Gobierno.
La acampada que siguió a la marcha reclama medidas concretas contra los desahucios y, en particular, la aprobación del llamado «decreto Maricarmen». Los participantes mantienen el asentamiento en Sol con la voluntad de no abandonarlo hasta obtener alguna respuesta política. Lo que el Consistorio cuestiona no es el contenido de esa demanda, sino el marco en el que se desarrolla: una ocupación del espacio público que, a su juicio, no habría sido posible sin una permisividad activa o, cuando menos, negligente por parte de la Delegación.
El Ayuntamiento va más allá de la crítica genérica. Afirma que, en el momento en que comenzaron los asentamientos, la Policía Nacional se retiró de las posiciones en las que estaba desplegada. Este dato, si se confirma, no es un detalle menor: implicaría una decisión operativa deliberada, no una simple omisión. El Consistorio plantea abiertamente esa posibilidad —que se permitiera de forma consciente el incumplimiento de las condiciones autorizadas— sin descartarla ni afirmarla con certeza, pero dejándola sobre la mesa con toda su carga política.
Para reforzar su argumento, el Ayuntamiento recurre al precedente del 15M. En 2011, recuerda, los desalojos de la misma Puerta del Sol «fueron organizados y coordinados por la Delegación del Gobierno». La comparación es deliberada: si entonces se actuó con diligencia, la inacción actual no puede explicarse por limitaciones legales o logísticas, sino por una elección política. La implicación es incómoda para el Gobierno central, que no puede invocar la complejidad del orden público cuando existe un antecedente reciente de gestión ordenada en idéntico escenario.
La posición del Consistorio es jurídicamente sólida en su planteamiento formal. La competencia sobre el orden público en manifestaciones corresponde, en efecto, a la Delegación del Gobierno, no al Ayuntamiento. El problema no es de atribución de responsabilidades, sino de ejercicio efectivo de las mismas. Reclamar explicaciones al Ministerio del Interior por la «falta de una intervención adecuada» durante la manifestación y por la continuidad de la acampada es, en ese sentido, un requerimiento legítimo, independientemente de la valoración política que cada cual haga de la protesta en sí.
Lo que subyace a este conflicto es una tensión estructural entre administraciones de distinto color político que comparten un mismo espacio urbano. El Ayuntamiento de Madrid, gobernado por el Partido Popular, y la Delegación del Gobierno, que depende del Ejecutivo socialista, operan con lógicas e intereses distintos. Eso no invalida las críticas del Consistorio, pero obliga a leerlas con la cautela que exige cualquier disputa en la que los reproches institucionales y los cálculos electorales viajan juntos.
Lo que no admite relativización es el principio en juego. Una manifestación autorizada con condiciones específicas debe desarrollarse dentro de esos límites, y la administración competente tiene la obligación de velar por ello. No hacerlo —ya sea por incapacidad, por desorganización o por conveniencia política— supone un deterioro del Estado de derecho que afecta a todos, incluidos quienes simpatizan con las demandas de los manifestantes. La legitimidad de una causa no exime a ninguna administración de cumplir con sus funciones. Y ese es, precisamente, el argumento que el Ayuntamiento de Madrid ha puesto sobre la mesa.