Hay una aritmética cruel en el corazón del sistema agroalimentario español que resulta difícil de ignorar una vez que se formula con claridad: un agricultor vende sus tomates a 40 céntimos el kilo, y ese mismo kilo aparece en la balda del supermercado a 2 euros. La diferencia, que multiplica por cinco el precio de origen, no regresa al productor. Se evapora en una cadena de intermediación que el agricultor no controla, mientras él absorbe los costes crecientes de producción, la presión burocrática y la competencia de importaciones que no respetan las mismas reglas que se le exigen a él. Esta es la tesis que defiende Daniel, ingeniero agrónomo y agricultor malagueño conocido en redes sociales como Almira.agro, y es una tesis que merece análisis serio, no condescendencia mediática.
Daniel no es un agitador. Es un profesional joven con formación técnica que utiliza TikTok para articular, con precisión y sin demagogia, una contradicción estructural que las instituciones llevan años ignorando o gestionando con parches. Su denuncia parte de un hecho concreto: la muerte de David Lafoz, un joven agricultor que se quitó la vida tras dejar un mensaje en el que describía una situación que consideraba insostenible, marcada por inspecciones de Hacienda y por una presión regulatoria que, según él, resultaba incompatible con la viabilidad económica de su explotación. Daniel no instrumentaliza esta tragedia; la contextualiza. Y ese contexto es el que importa.
El primer argumento que sostiene su diagnóstico es la asimetría regulatoria entre productores nacionales e importadores extranjeros. Los agricultores españoles operan bajo un marco normativo europeo que prohíbe determinados fitosanitarios por razones de salud pública y medioambiente. Esa restricción tiene sentido, y nadie debería cuestionarla en abstracto. Lo que resulta racionalmente indefendible es que, al mismo tiempo, entren en el mercado español naranjas procedentes de Marruecos tratadas con productos que llevan años vetados en la Unión Europea. No es una acusación sin fundamento: las alertas del sistema RASFF de la Comisión Europea sobre residuos de plaguicidas en productos de terceros países son documentadas y recurrentes. Aplicar estándares de producción exigentes a los propios y tolerar estándares inferiores en lo importado no es libre comercio; es competencia desleal institucionalizada.
El segundo argumento concierne a la carga administrativa. Daniel describe un entorno en el que los agricultores soportan inspecciones, papeleo y normativas acumuladas que consumen tiempo y recursos que una explotación pequeña o mediana difícilmente puede absorber sin deterioro económico. Este no es un problema exclusivo del sector agrario, pero en él adquiere una dimensión particular, porque los márgenes son estrechos, los ciclos productivos son inflexibles y la incertidumbre climática y de precios es estructural. Una burocracia desproporcionada no protege al ciudadano; protege al funcionario y asfixia al productor. La diferencia importa.
El tercer elemento, quizás el más sistémico, es la opacidad de la cadena de valor. Que el precio se multiplique por cinco entre el campo y la caja registradora no es necesariamente un escándalo en sí mismo: hay logística, almacenamiento, distribución y márgenes comerciales legítimos en el camino. Pero cuando esa multiplicación coexiste con agricultores que no cubren costes, la pregunta obligada es dónde se acumula el valor y quién tiene poder de negociación en esa cadena. La Ley de la Cadena Alimentaria, reformada en 2021, pretendía corregir estas asimetrías. Los hechos sugieren que su aplicación ha sido, en el mejor de los casos, insuficiente.
Daniel concluye su vídeo apelando a los consumidores: desde casa, dice, se puede hacer más de lo que se cree. Es un llamamiento razonable, aunque insuficiente si se convierte en el único mecanismo de corrección. Las decisiones individuales de compra tienen un efecto real pero limitado frente a desequilibrios estructurales que requieren intervención regulatoria y voluntad política. Lo que sí puede hacer el consumidor informado es exigir etiquetado claro, transparencia en el origen de los productos y coherencia a las instituciones que fijan las reglas del juego. No es poco.
El caso de David Lafoz, por su dramatismo, ha puesto momentáneamente el foco sobre una crisis que lleva años desarrollándose en silencio. La pregunta pertinente no es si Daniel tiene razón en señalarla, sino si quienes tienen capacidad de actuar están dispuestos a hacerlo antes de que el siguiente titular sea otra tragedia.