Una tienda de muebles como hospital provisional. La imagen parece inverosímil. Sin embargo, es exactamente lo que Dinamarca está evaluando con rigor institucional, y el planteamiento revela algo más profundo que una ocurrencia logística: el reconocimiento de que las democracias liberales deben repensar desde cero su arquitectura de resiliencia civil.
La tesis es clara: ante la creciente amenaza de ataques a infraestructuras críticas —ya sean ciberataques, sabotajes o catástrofes naturales—, los Estados europeos no pueden depender exclusivamente de sus propios recursos públicos. La colaboración estructurada con el sector privado ha dejado de ser una opción conveniente para convertirse en una necesidad estratégica. Dinamarca lo está demostrando con hechos concretos, y el modelo merece atención.
IKEA forma parte de la Coalición Empresarial Danesa para la Preparación ante Crisis, una red que cataloga de forma sistemática los recursos que las empresas privadas pueden movilizar en una emergencia. Más de 200 compañías, que emplean a más de 300.000 personas, participan en este inventario que abarca desde distribuidores alimentarios y grupos de construcción hasta proveedores de telecomunicaciones. La lógica es simple y poderosa: si se produce una crisis, las autoridades dispondrán de un único interlocutor para localizar capacidades. Maja Broloes, directora ejecutiva de la red, lo explicó con precisión: «Una tienda IKEA tiene espacio, mercancías, instalaciones para preparar alimentos y generadores. Nadie la incluiría de forma natural en una lista de recursos para situaciones de crisis». Exactamente por eso resulta valiosa.
El precedente existe y es reciente. Durante la DANA de Valencia en 2024, una tienda IKEA acogió a más de 600 personas. En diciembre de 2021, una tormenta de nieve dejó atrapados durante la noche a seis clientes y cerca de 24 empleados en un establecimiento de Aalborg, quienes durmieron en las camas de exposición. A la mañana siguiente, el personal había cambiado las sábanas y la tienda reabrió con normalidad. Son episodios menores, pero ilustran una capacidad real que hasta ahora permanecía latente e informal. El salto consiste en formalizarla e integrarla en la planificación de emergencias del Estado.
Este enfoque danés no surge en el vacío. La Estrategia de la Unión de Preparación, puesta en marcha por la Unión Europea en marzo de 2025, impulsa explícitamente a los Estados miembros a estrechar lazos con el sector privado para garantizar la continuidad de los servicios esenciales en situaciones de crisis. El contexto geopolítico es determinante: los servicios de inteligencia daneses alertan de que Rusia podría intensificar sus acciones de guerra híbrida —sabotajes, ciberataques, desinformación— contra países de la OTAN en los próximos meses. Moscú rechaza estas acusaciones, pero los gobiernos europeos han decidido actuar con independencia de ese desmentido.
Otros países de la región ofrecen modelos igualmente instructivos. Estonia obliga por ley a 300 empresas a mantener servicios esenciales durante una crisis. Finlandia ha tejido una red de autoridades, organizaciones no gubernamentales y empresas con responsabilidades explícitas en la seguridad del suministro. Polonia exige legalmente a ciertas compañías que pongan sus vehículos, maquinaria y propiedades a disposición de las Fuerzas Armadas en caso de emergencia. En Dinamarca, el grupo de supermercados Salling Group —el mayor operador del país— está abriendo establecimientos diseñados para operar hasta 48 horas sin electricidad ni conexión a internet. Son decisiones que implican costes reales para empresas privadas, adoptadas dentro de un marco de corresponsabilidad cívica que merece ser tomado en serio.
La implicación más relevante de todo esto no es tecnológica ni logística: es política. Las democracias que funcionan son aquellas capaces de articular respuestas colectivas sin caer en la tentación del control estatal absoluto ni en la ingenuidad de dejar todo en manos del mercado. El modelo nórdico de resiliencia civil apunta hacia un equilibrio racional entre ambos extremos: normas claras, responsabilidades distribuidas, recursos privados movilizables bajo supervisión pública. Es, en definitiva, una forma de gobernar la incertidumbre sin renunciar a la libertad. Algo que el resto de Europa haría bien en estudiar con la misma seriedad con que Dinamarca estudia sus tiendas de muebles.