Existe una paradoja recurrente en las políticas de vivienda que, sin embargo, rara vez se formula con la claridad que merece: las medidas diseñadas para proteger a los más vulnerables terminan con frecuencia agravando precisamente su situación. Esta es la tesis que subyace al debate celebrado en el Palacio de Congresos de Palma con motivo del V aniversario de OKBALEARES, donde bajo el título Vivienda en Baleares: precios, acceso y conflicto social se reunieron Daniel Arenas, presidente de la Asociación Balear de Agencias Inmobiliarias Nacionales e Internacionales (ABINI); Luis Ramis, gerente de Rustic House; y Óscar Fidalgo, concejal de Vivienda y Urbanismo del Ayuntamiento de Palma. Lo que emergió del encuentro no fue un catálogo de quejas sectoriales, sino un diagnóstico estructural incómodo que conviene analizar con rigor.
El punto de partida es un desequilibrio de proporciones difícilmente discutibles. En los últimos tres años, la población de las Islas Baleares ha crecido en 60.000 personas, mientras que apenas se han construido unas 9.000 viviendas, según los datos aportados por Luis Ramis. Palma, con 485.000 habitantes censados y más de 151.000 nuevos residentes en un cuarto de siglo, solo tiene capacidad de absorber en torno a 700 viviendas nuevas al año. Ante estas cifras, la conclusión que extrae Daniel Arenas resulta difícilmente rebatible desde la lógica económica más elemental: cuando la oferta se contrae y la demanda se expande, los precios suben, y quienes primero quedan excluidos del mercado son aquellos con menor poder adquisitivo. No es una opinión ideológica; es la descripción de un mecanismo que opera con independencia de las intenciones del legislador.
El decreto de vivienda que está en el centro del debate pretende, en su formulación oficial, mejorar el acceso a la vivienda y proteger a los colectivos más vulnerables. ABINI no discute ese objetivo; lo comparte. Lo que cuestiona, con argumentos concretos, es que algunos de los instrumentos elegidos produzcan el efecto contrario al buscado. La ampliación de los plazos contractuales y la introducción de fórmulas que dificultan la recuperación de la vivienda por parte del propietario generan, según Arenas, una incertidumbre que desincentiva la oferta. «Si un propietario percibe que pierde capacidad de decisión sobre su vivienda una vez la alquila, se lo pensará mucho antes de ponerla en el mercado», advirtió. Y quien ya tenga inmuebles en alquiler puede simplemente retirarlos de la oferta disponible. El resultado neto es menos vivienda accesible, mayor competencia entre inquilinos y, en consecuencia, precios más elevados: exactamente lo opuesto a lo que el decreto pretende corregir.
Óscar Fidalgo, desde la perspectiva municipal, apuntó en una dirección que coincide en lo esencial con el diagnóstico anterior: el problema «no se soluciona ni regulando la oferta, ni subvencionando la escasez, sino creando y construyendo vivienda protegida». Es una formulación que, más allá de su simplicidad aparente, encierra una distinción conceptual importante. Regular la oferta existente es redistribuir una escasez; construir nueva oferta es atacar la escasez en su raíz. La primera vía puede producir alivio simbólico a corto plazo, pero perpetúa el problema estructural. La segunda exige mayor esfuerzo político y administrativo, pero es la única que modifica de forma duradera el equilibrio entre oferta y demanda. Que esta distinción no siempre presida el debate público sobre vivienda dice algo sobre la calidad de ese debate.
Lo que este encuentro en Palma pone de manifiesto, en definitiva, es que la política de vivienda en Baleares —y por extensión en buena parte de España— adolece de una confusión de medios y fines que tiene consecuencias reales sobre personas reales. Arenas lo resumió con precisión: «Necesitamos más incentivos, no más restricciones. Seguridad jurídica, estabilidad normativa y políticas fiscales que favorezcan la salida de vivienda al alquiler». No se trata de defender los intereses del sector inmobiliario frente a los de los inquilinos; se trata de reconocer que reducir artificialmente el mercado no es una política social, sino su simulacro. Ampliar la oferta, garantizar la seguridad jurídica a propietarios e inquilinos, y construir vivienda protegida con ambición real son las condiciones necesarias para que el acceso a la vivienda deje de ser, en las islas, un privilegio de facto.