¿Qué ocurrió realmente con Maricarmen?
Una mujer de 87 años murió en un hospital español pocas semanas después de ser desahuciada de la vivienda en la que había vivido toda su vida. Su caso sacudió la conciencia colectiva del país, desencadenó protestas masivas en la Puerta del Sol, precipitó la aprobación urgente de dos decretos antidesahucios —posteriormente rechazados por el Congreso— y condujo al presidente Pedro Sánchez a convocar elecciones anticipadas. Pero el caso Maricarmen también reveló algo menos edificante: la facilidad con que el debate público español degenera en descalificación personal, bulo y demagogia.
Desde el momento en que fue sacada de su domicilio, hace apenas dos semanas, Maricarmen se convirtió en símbolo de la crisis de la vivienda. Los jóvenes organizados por el sindicato de inquilinas se manifestaron el 26 de septiembre, instalaron unas treinta tiendas de campaña en Sol y la protesta adquirió una dimensión política inusitada. En ese mismo lapso, mientras la mujer se recuperaba en el hospital, los nuevos propietarios —desbordados por la presión social— decidieron devolverle el piso hasta el final de sus días. Ya no llegó a necesitarlo.
¿Quiénes atacaron a una anciana enferma y por qué?
La respuesta a esa pregunta no es sencilla, porque los ataques procedieron de flancos muy distintos y con motivaciones igualmente dispares. Lo que los unía era la necesidad de convertir a Maricarmen en problema, en trampa, en fraude. Si resultaba ser una persona moralmente cuestionable, el debate sobre la vivienda quedaba neutralizado.
Iván Espinosa de los Monteros, exdirigente de Vox, la llamó «jeta» en un pódcast, acompañando el término con un golpe de nudillos sobre la mesa. Su argumento era que los madrileños —él entre ellos— iban a financiar con sus impuestos el piso «de la privilegiada de Maricarmen» frente al Retiro. El propio partido Vox, por su parte, publicó en redes el mensaje: «Toda España sabe que si en vez de Maricarmen fuera Morocarmen, tendría casa.» La instrumentalización del caso para alimentar el discurso antiinmigración era explícita y deliberada. Que ese mismo partido acuse hoy a la izquierda de haber utilizado a la mujer políticamente exige, cuando menos, cierta coherencia que aquí brilla por su ausencia.
El diario ABC publicó una entrevista al antiguo casero de Maricarmen, Ignazio Lázaro, presentándolo como fuente de revelaciones sobre el carácter «problemático» de la mujer. El texto la definía, con ironía, como «heroína de los desahucios» y la retrataba como alguien que había vulnerado la ley al subrogarse dos veces en el contrato. Las afirmaciones del casero se recogieron sin contraste, sin datos que las confrontaran, sin ninguna otra voz que ofreciera perspectiva. El autor de esa pieza fue más lejos en el programa de televisión de Iker Jiménez, donde sostuvo, esta vez sin ironía, que Maricarmen había sido elegida en un «casting» organizado por Sánchez durante el verano en La Mareta. Una anciana enferma en camilla, convertida en actriz de un complot gubernamental.
¿Hasta dónde llegó la degradación del debate?
En el pleno del Ayuntamiento de Benalmádena, el concejal de Vivienda José Luis Bergillos la describió como «una puta sinvergüenza con miles de euros en el banco», haciéndose eco de un bulo que circulaba en redes sociales: la captura de pantalla de una supuesta cuenta bancaria a su nombre con un saldo abultado. Bergillos se disculpó después, reconoció haber cometido un «grave error» y aseguró que sus palabras no reflejaban su manera de ser. Queda constancia.
En El Confidencial, un articulista tituló su columna Maricarmen es una jeta (y alguien tenía que decirlo). La escritora Lucía Etxebarría, Premio Planeta 2004, compartió en sus redes un reportaje de El Español que investigaba la vida de la mujer en su barrio y lo calificó de «aterrador», destacando como escándalos reveladores que Maricarmen viajaba los fines de semana, jugaba al bingo y era, según algunos vecinos, franquista. El monstruo había quedado al descubierto. Muerta, toca escribir el obituario.
¿Qué responsabilidad tienen las instituciones?
El caso se desarrolló en Madrid, donde las competencias en materia de vivienda corresponden a la Comunidad de Madrid —gobernada por Isabel Díaz Ayuso— y al Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida, ambos del PP. Ninguno de los dos faltó al respeto a Maricarmen de manera directa; su estrategia consistió en acusar a los partidos de izquierda de instrumentalizar el caso. Ayuso, sin embargo, se vio especialmente interpelada por la coincidencia de que su Gobierno hubiera adquirido un ático de 6,3 millones de euros para su uso como oficina y residencia ocasional, apenas semanas antes. La distancia moral entre ese dato y la imagen de la anciana sacada en camilla de su hogar resultaba difícil de gestionar.
La presidenta intentó tender un puente insólito: ella también vivía de alquiler, como Maricarmen. El 28 de septiembre ironizó públicamente con la posibilidad de que los inquilinos pudieran dejar de pagar en función de su edad. «Que me avisen a partir de qué edad dejo de pagar y, a lo mejor, en la próxima manifestación de inquilinas me sumo», declaró. Ante las críticas, negó haber frivolizado y acusó a sus detractores de «burda manipulación». La secuencia habla por sí sola.
¿Qué nos dice este episodio sobre el estado del debate público?
El caso Maricarmen no es, en el fondo, solo un debate sobre vivienda. Es un test sobre la calidad del espacio público español y sobre los límites —cada vez más difusos— entre la crítica legítima, la manipulación interesada y el insulto sin consecuencias. Atacar la reputación de una anciana enferma para evitar discutir las causas estructurales de la crisis de la vivienda es una forma de demagogia que no pertenece a ningún espacio ideológico concreto: aparece en la extrema derecha, en ciertos medios de centro y en voces que se presentan como independientes.
La crisis de vivienda en España es real, documentada y urgente. Sus causas son complejas: tensión entre oferta y demanda, especulación, regulación insuficiente, competencias dispersas entre administraciones. Ninguna de esas cuestiones se resuelve determinando si Maricarmen jugaba al bingo o saludaba a sus vecinos. Que ese haya sido el debate dominante durante días revela un déficit de racionalidad colectiva que debería inquietar a cualquier ciudadano comprometido con el rigor, independientemente de su posición política.
Maricarmen ha muerto. El problema que su desahucio simbolizaba sigue exactamente donde estaba.