Hay momentos en que la pugna política se traslada a los tribunales y estos, con su lentitud deliberada, devuelven al debate su verdadera complejidad. Eso es exactamente lo que ha ocurrido esta semana en Madrid, donde el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha rechazado las medidas cautelarísimas solicitadas por la Comunidad de Madrid para desalojar la acampada instalada en la Puerta del Sol y ha convocado para el próximo 7 de octubre una vista oral con el Gobierno regional y la Delegación del Gobierno, de cuyo resultado dependerá en buena medida el destino de ese campamento de protesta.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, fue el primero en explicar públicamente los términos de la resolución judicial, desde el recién inaugurado parque Benedicto XVI, en San Blas-Canillejas. Almeida expresó su deseo de que el tribunal acuerde el levantamiento del asentamiento no solo en Sol, sino también en las calles aledañas a las que se ha ido extendiendo, y aprovechó para cargar contra el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, a quien acusó de no mover «un solo dedo» ante la expansión de la protesta.
La sala del TSJM sí reconoce en su resolución que concurren circunstancias de especial urgencia. Sin embargo, considera que no puede acordar el desalojo sin escuchar a la otra parte, y ha otorgado a la Abogacía del Estado un plazo hasta el miércoles a las 9.00 horas para presentar alegaciones. El tribunal recuerda, además, que el derecho de reunión debe ser respetado, que rige el principio de proporcionalidad y que la disolución de reuniones y manifestaciones constituye el «último recurso». No se trata de una negativa a actuar, sino de una exigencia de procedimiento: la justicia obliga a escuchar antes de decidir. Es un matiz que conviene no perder de vista en medio del ruido político.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, intervino en un desayuno de Nueva Economía Fórum para afirmar que «no hay derecho a ocupar ilegalmente para uso privativo un espacio como este, una plaza que es de todos los ciudadanos». Ayuso criticó también los «actos vandálicos» registrados en la Real Casa de Correos y en el monumento del Oso y el Madroño. Su posición es comprensible en términos de orden público, pero conviene separar con precisión lo que es una ocupación ilegal del espacio común de lo que es una expresión legítima de protesta social, porque ambas realidades coexisten en Sol y confundirlas no ayuda a resolver nada.
Desde la Delegación del Gobierno en Madrid, la respuesta fue de tono marcadamente distinto. Fuentes de la institución subrayaron que las medidas de intervención deben ser «graduales y proporcionadas a las circunstancias» y reiteraron que la disolución sería «el último recurso», en línea exacta con el criterio del tribunal. La Delegación insistió en su compromiso de garantizar el derecho de reunión, prevenir riesgos y proteger tanto a las personas como el patrimonio y la convivencia. Es una postura que, más allá de la retórica, resulta jurídicamente coherente con la doctrina constitucional sobre el derecho de manifestación.
El fondo del conflicto, sin embargo, no se agota en el debate sobre el orden público. El Sindicato de Inquilinas, uno de los colectivos impulsores de la acampada, confirmó este lunes que no existe ninguna fecha prevista para poner fin a la protesta. Su portavoz fue explícita: «Esta acampada es una punta de lanza de contrapoder que está recordando todos los días a la señora Ayuso y a todos los políticos de este país que el poder popular que ha empezado aquí no va a acabar». Y sobre la autoridad del tribunal, añadió que «la soberanía de la acampada está en la Asamblea General» y que los derechos de reunión, protesta y asociación están «por encima de lo que diga cualquier institución». Esta última afirmación merece una reflexión serena: en un Estado de derecho, ningún colectivo, por legítimas que sean sus reivindicaciones, puede arrogarse la potestad de situar su propia asamblea por encima de los poderes constituidos. La crítica al sistema no exime de operar dentro de él.
El PSOE municipal, a través de su líder Reyes Maroto, celebró que no prosperara la petición de desalojo urgente y reprochó al alcalde y a Ayuso que reduzcan a «una cuestión de orden público» un problema estructural —el de la vivienda— que, en sus palabras, «no se puede esconder y está sacando a miles de familias a la calle». El argumento tiene peso propio y no debería descartarse por el mero hecho de proceder de la oposición. La crisis de acceso a la vivienda es real, sus efectos son medibles y su solución exige políticas concretas, no solo gestos simbólicos ni acampadas indefinidas.
El propio Almeida, al ser preguntado sobre la posibilidad de una disolución voluntaria, reconoció que su deseo es que vuelvan las tiendas a Sol: «Es lo que merecen los comerciantes de Sol, el Carmen, Preciados, Arenal y Montera». La protesta, argumentó, está «impidiendo el normal tránsito de esas calles perjudicando gravemente a los establecimientos de la zona». Es un daño concreto, cuantificable, que afecta a ciudadanos que no tienen ninguna responsabilidad en la política de vivienda y que ven sus negocios perjudicados por una disputa que les es ajena.
El 7 de octubre no resolverá la crisis de la vivienda en Madrid. Pero sí pondrá a prueba la capacidad de las instituciones para gestionar el conflicto con rigor jurídico y sin ceder ni a la presión del populismo ni a la tentación del autoritarismo. Eso, en sí mismo, ya es una prueba de madurez democrática que merece seguirse con atención.