Hay una secuencia que merece ser leída con atención, no como una anécdota política sino como un patrón de conducta. Primero, el partido del Kremlin gana por mayoría las elecciones legislativas rusas. Después, apenas unos días más tarde, el Ministerio de Finanzas presenta un paquete de subidas fiscales de amplio alcance que afecta a los ingresos pasivos, a las importaciones de automóviles, a los viajes en avión, a las bebidas alcohólicas y a las compras en línea desde el extranjero. La guerra en Ucrania se acerca a su quinto aniversario y alguien tiene que pagar la cuenta. Ese alguien, como era previsible, es el contribuyente ruso.
La magnitud del esfuerzo financiero que sostiene la maquinaria bélica de Moscú no admite eufemismos. Según fuentes independientes, Rusia gasta en torno a 30 millones de dólares diarios —aproximadamente 2.000 millones de rublos— en su campaña militar. Durante el primer semestre de 2026, el Estado destinó 10,687 billones de rublos a la guerra y a la producción de armamento, lo que supuso un incremento del 30% respecto al mismo período del año anterior. El gasto militar y de seguridad representa ya más del 40% del presupuesto federal ruso, una proporción que en cualquier economía con instituciones independientes generaría un debate público inmediato y sostenido. En Rusia, ese debate llega tarde, forzado por la aritmética.
El Ministerio de Finanzas ha reconocido que el déficit previsto para este año supera las estimaciones iniciales, y ha situado explícitamente la financiación de la guerra y las ayudas a veteranos entre las prioridades presupuestarias. La propuesta concreta incluye la incorporación de las rentas pasivas —dividendos, intereses de depósitos, operaciones con valores, venta de inmuebles— a la base imponible general del impuesto sobre la renta de las personas físicas, con tipos que oscilarían entre el 13 y el 22%, frente al 13-15% vigente hasta ahora. Los impuestos de importación de automóviles podrían duplicarse, pasando del 10 al 20%, una medida que ya disparó los precios de los vehículos en una ocasión anterior. Las tarifas sobre bebidas alcohólicas —desde la cerveza hasta el vodka— también aumentarán, en un mercado que constituye una de las fuentes de recaudación más estables del país. Y los gastos comunales crecerán un 42,5% entre 2025 y 2029, con subidas del 10% a partir del 1 de octubre y de otro 11% desde julio del año siguiente.
Lo que convierte todo esto en algo más que una noticia fiscal es la secuencia de las negaciones previas. El portavoz presidencial, Dmitri Peskov, descartó antes de los comicios que se estuviera barajando ninguna subida de impuestos. El ministro de Finanzas, Antón Siluánov, había hecho lo propio en mayo. Una vez concluidas las elecciones y presentado el paquete fiscal, Peskov remitió las preguntas al ejecutivo, como si el asunto ya no fuera con él. El giro no es solo político; es metodológico. Revela una forma de gestionar la información pública que sitúa la conveniencia electoral por encima de cualquier compromiso con la veracidad.
El precedente que esto evoca no es menor. En 2022, Peskov negó con igual rotundidad que el Kremlin preparara una movilización masiva. Días después, Rusia anunció el reclutamiento de más de 300.000 reservistas. La pauta se repite con una regularidad que ya no puede atribuirse a la improvisación ni a la sorpresa de los acontecimientos: se niega hasta que las urnas cierran, y entonces se actúa. Esta lógica no es exclusiva de Rusia —el populismo tiene variantes en muchas latitudes—, pero en este caso opera sin contrapesos institucionales, sin prensa libre que la interpele y sin oposición parlamentaria capaz de frenarla.
Vale la pena detenerse en un detalle que el propio gobierno ha querido hacer visible: los combatientes en Ucrania quedan exentos de estas subidas fiscales. La excepción no es un gesto de generosidad; es un instrumento de cohesión social y de reclutamiento encubierto. Mientras la guerra se financia con los impuestos de quienes se quedan, quienes se van al frente obtienen un alivio fiscal que funciona como incentivo económico. Es una racionalidad fría y calculada, que dice mucho sobre cómo el Kremlin concibe la relación entre el Estado y sus ciudadanos.
Putin, por su parte, declaró el viernes que los ataques ucranianos durante el período electoral alejan la posibilidad de reanudar las negociaciones con mediación estadounidense, estancadas desde febrero. Dijo también que no cometería el error de la URSS de embarcarse en una nueva carrera armamentista con Occidente. Ambas afirmaciones coexisten con una realidad presupuestaria que apunta exactamente en la dirección contraria: el gasto militar no para de crecer, las negociaciones no avanzan y los ciudadanos rusos empiezan a comprender, con la llegada de las facturas, lo que significa en términos concretos el mandato que acaban de renovar.
Sería un error leer todo esto como un fenómeno exclusivamente ruso, ajeno a cualquier lección exportable. La combinación de promesas electorales incumplidas, información gestionada estratégicamente y ciudadanos que descubren la realidad después de votar no es patrimonio de ningún régimen en particular. Lo que sí es específico de este caso es la ausencia total de mecanismos correctores: no hay tribunal constitucional que examine la coherencia de las políticas, no hay medios independientes con acceso real al poder, no hay posibilidad de alternancia. La factura de la guerra llega, y no hay dónde recurrir.