El viernes pasado, Juan Carlos Peinado cruzó por última vez las puertas del Juzgado de Instrucción número 41, en la sexta planta del edificio de Plaza de Castilla de Madrid. No fue una despedida improvisada. Se tomó el tiempo necesario para saludar a los funcionarios que durante años trabajaron a sus órdenes, y se marchó sabiendo que dejaba los asuntos en orden. Este lunes cumple 72 años y, de manera oficial, deja de ser juez.
Cuatro días antes de ese adiós, el pasado lunes, Peinado dictó el auto de apertura de juicio oral contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Con esa resolución, la instrucción queda cerrada de forma definitiva. Begoña Gómez será juzgada, previsiblemente el año que viene, ante un tribunal del jurado. No caben más recursos sobre el fondo de la causa; no quedan decisiones pendientes. Quien llegue después al juzgado no podrá modificar ni un ápice lo ya resuelto.
La rapidez con la que Peinado dictó ese auto no fue casual. Circulaban rumores sobre la posibilidad de que un juez sucesor pudiera alterar el rumbo de la investigación. Esa hipótesis quedó descartada en el momento en que el auto de apertura entró en vigor. En los próximos días, el juzgado pasará a manos de su sustituto natural, Carlos Valle, aunque cualquier magistrado de Plaza de Castilla podrá solicitar asumir la carga hasta que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) designe un nuevo titular.
La jubilación tiene también una consecuencia administrativa inmediata: cualquier expediente disciplinario abierto o pendiente contra Peinado queda automáticamente sin efecto. La vía penal es teóricamente otra opción, pero tanto la Abogacía del Estado, actuando en nombre del presidente Sánchez, como la propia Begoña Gómez intentaron querellarse contra él por prevaricación. Ninguna de las dos prosperó.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) inadmitió ambas querellas a trámite y rechazó además las diligencias abiertas por el CGPJ contra el juez a raíz de las expresiones contenidas en el auto en que fijó medidas cautelares para Gómez —entre ellas la retirada del pasaporte y la prohibición de salir del país—. La Audiencia Provincial de Madrid revocó posteriormente esas medidas, pero admitió los argumentos que las sustentaban, incluida la polémica referencia a que el dispositivo policial de escolta presidencial podría facilitar una eventual fuga de la investigada.
A lo largo de los dos años y medio que duró la instrucción, la actuación de Peinado generó controversia en distintos frentes. Fuentes jurídicas consultadas describen su método como errático, aunque reconocen que la Audiencia Provincial actuó en la práctica como guía correctora en cada paso en que el juez se equivocaba. No es un balance precisamente glorioso desde el punto de vista técnico, pero tampoco es irrelevante que la causa haya llegado a juicio oral.
El origen del procedimiento resulta, en sí mismo, revelador de sus dificultades. En abril de 2024, Peinado recogió una denuncia del pseudosindicato Manos Limpias en la que se afirmaba que Gómez habría recomendado, mediante carta con su firma, a empresarios que concurrían a licitaciones públicas, aprovechándose de su condición de esposa del presidente. De esa denuncia inicial no quedó prácticamente nada. La instrucción viró hasta que el juez logró reunir indicios por delitos de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos en relación con la cátedra que Gómez codirigía en la Universidad Complutense de Madrid.
Entre los enemigos que Peinado se granjeó durante este tiempo figura el ministro de Justicia, Félix Bolaños, quien mantiene una queja activa en el CGPJ por el interrogatorio al que el juez le sometió como testigo. Esa queja carece de recorrido real, pero ilustra hasta qué punto la investigación llevó a situaciones sin precedente, como la jornada en que Peinado se desplazó en un coche oficial al Palacio de la Moncloa para intentar —sin éxito— que Pedro Sánchez declarara sobre su esposa.
No menos llamativa fue la relación tensa que el juez mantuvo con el primer abogado de Gómez, Antonio Camacho, exministro del Interior con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. «Cuando hable me mira a los ojos», llegó a exigirle Peinado en sala. «No hay ningún artículo en la ley que diga que tenga que mirarle a los ojos», replicó el exfiscal y exministro. Camacho acabó dejando la defensa de Begoña Gómez.
Peinado se va, pues, con una causa cerrada, con querellas rechazadas en su contra y con la certeza de que su sucesor no podrá deshacer lo construido. Lo que queda por resolver es de índole estrictamente personal: si da el salto a la abogacía, si escribe sus memorias, si continúa vinculado al mundo universitario o si opta, simplemente, por alejarse del ruido. La judicatura española, en cualquier caso, ha visto pocas instrucciones con tanta carga política y tan escasa claridad sobre dónde terminaba el derecho y dónde empezaba la batalla de relato.