Hay semanas en las que los datos hablan con una claridad que resulta difícil de ignorar. El litro de gasóleo se paga ya de media a 1,942 euros en España, exactamente el mismo nivel que registraba antes de que el Gobierno pusiera en marcha sus descuentos fiscales el pasado 21 de marzo. La gasolina, por su parte, lleva veinte jornadas consecutivas marcando máximos anuales y ha alcanzado los 1,946 euros por litro, lo que supone un encarecimiento del 11,9% en apenas un mes. Estas cifras no son un accidente estadístico: son el reflejo de una política de subvenciones que se agota justo cuando los mercados de materias primas aceleran su presión sobre los consumidores.
El próximo jueves, 1 de octubre, expiran en principio los descuentos en el impuesto de hidrocarburos que el Ejecutivo activó para amortiguar el impacto del conflicto en Oriente Próximo sobre los precios de los combustibles. El bloqueo del estrecho de Ormuz y los ataques hutíes a refinerías del Golfo han generado, según la Agencia Internacional de la Energía, la mayor crisis de suministro de la historia reciente. España no es inmune a esa perturbación, aunque cuente con reservas estratégicas y una diversificación razonable de sus fuentes de aprovisionamiento. La coincidencia entre el vencimiento de las ayudas y la escalada de precios plantea una pregunta que el Gobierno, de momento, rehúye responder con claridad.
El vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, reconoció esta semana que el conjunto de medidas desplegadas desde el inicio del conflicto ha supuesto un desembolso de 10.000 millones de euros y ha evitado que la inflación —situada en el 4,3% en agosto— subiera un punto adicional. Son cifras que merecen ser evaluadas con rigor, sin triunfalismo ni catastrofismo. El coste fiscal ha sido elevado, pero el contrafactual —una inflación más alta durante más tiempo— también tiene un precio real para los hogares con menor capacidad de absorción. Lo que resulta menos sostenible es la ambigüedad sobre lo que ocurrirá el martes, cuando el Consejo de Ministros apruebe un nuevo paquete de medidas de apoyo, sin que nadie en el Ejecutivo haya confirmado si incluirá algún gesto en materia de carburantes.
La historia de estas ayudas es, en sí misma, instructiva. Entre marzo y julio estuvo vigente la rebaja fiscal a los carburantes y al recibo de la luz. Posteriormente, esas medidas fueron sustituidas por descuentos directos a las gasolinas, que se han ido eliminando de forma progresiva. Desde el 1 de septiembre, la gasolina disfruta de una bonificación de 5 céntimos por litro —reducida desde los 10 céntimos del mes anterior, cuando el IPC del combustible pareció moderarse—, mientras que el gasóleo mantiene una ayuda en el impuesto de hidrocarburos de 20 céntimos por litro, el doble de la aplicada en agosto, después de que se encareciera un 15,7% en julio. El patrón revela una gestión reactiva, calibrada semana a semana en función de los datos del IPC, más que una estrategia energética coherente a medio plazo.
La OCU y otras organizaciones de consumidores han advertido que si el apoyo se retira de golpe, los conductores que dependen del gasóleo se enfrentarán a una subida inmediata de al menos 20 céntimos por litro. No es una cifra menor. Para un vehículo con un depósito de 60 litros, representa 12 euros adicionales por repostaje, un impacto que se acumula rápidamente en los presupuestos de familias y pequeñas empresas cuya actividad depende del transporte por carretera. Ignorar esa realidad en nombre de la consolidación fiscal sería tan irresponsable como prolongar indefinidamente unas subvenciones que distorsionan las señales de precio y desincentivan la transición hacia consumos más eficientes.
La geografía de los precios añade otra dimensión al problema. La gasolina supera los 2 euros por litro en más de la mitad de las gasolineras de Baleares —donde la media alcanza ya los 2,041 euros— y en más de la mitad de las estaciones de Cantabria. Asturias roza ese umbral con un 49,6% de sus puntos de venta por encima de esa barrera. En el extremo opuesto, Cataluña, Murcia y La Rioja registran los precios medios más bajos para la gasolina, mientras que la Comunidad Valenciana, Cataluña y Murcia lideran la moderación en el precio del gasóleo. Estas diferencias territoriales no son triviales: reflejan estructuras de distribución, densidad de la red de estaciones y, en algunos casos, la insularidad como factor de coste estructural.
Lo que este episodio pone de manifiesto, con una nitidez incómoda, es la dificultad de gestionar la política energética a golpe de decreto cuando los fundamentos del mercado internacional van en dirección contraria. Las ayudas han cumplido una función amortiguadora real, pero su retirada desordenada —o su prórroga indefinida sin criterio claro— son igualmente problemáticas. Una política energética seria exigiría fijar con antelación las condiciones de salida, comunicarlas con transparencia a los ciudadanos y empresas, y acompañarlas de medidas estructurales que reduzcan la dependencia de los combustibles fósiles a largo plazo. Lo que no puede seguir ocurriendo es que cada renovación o extinción de las ayudas se convierta en una incógnita que se despeja cuarenta y ocho horas antes de su vencimiento. Esa improvisación tiene costes —económicos y de credibilidad— que no siempre aparecen en los titulares, pero que los ciudadanos acaban pagando de una u otra forma.