Cada año, miles de familias españolas pierden su hogar. El dato no es nuevo, pero su causa ha cambiado.
En 2018 y 2019, los dos primeros años del Gobierno de Pedro Sánchez, los tribunales ejecutaron más de 50.000 lanzamientos anuales. Era todavía el eco de la Gran Recesión iniciada en 2008, que había dejado a decenas de miles de hogares sin capacidad para afrontar sus hipotecas. El problema era, en esencia, el de un país que había construido su riqueza sobre deuda y que pagaba ahora las consecuencias de ese exceso.
A partir de 2020, el Ejecutivo activó los llamados escudos sociales: medidas excepcionales que suspendían o limitaban los desahucios de familias vulnerables. Primero fue la pandemia el argumento que justificó la intervención; después, la crisis inflacionaria derivada de la invasión rusa de Ucrania. Gracias a esos mecanismos, según los datos del Consejo General del Poder Judicial, los lanzamientos bajaron a 29.406 en 2020, a 26.695 en 2023, a 24.500 en 2024 y a 22.800 en 2025. Las cifras descendieron, pero lo hicieron por decreto, no porque el mercado hubiera mejorado para quienes menos tienen.
El caso de Maricarmen, una mujer de 87 años desahuciada de su vivienda en el barrio madrileño de Retiro, llevó al presidente Sánchez a hablar de «tragedia social». Era enero de 2025 y la imagen resultó políticamente incómoda. Pero más allá del episodio concreto, el problema que ilustraba llevaba años instalado en la realidad cotidiana de miles de familias.
Porque el perfil del desahuciado ha cambiado de forma sustancial desde la época de la crisis financiera. Ya no es, mayoritariamente, el propietario que no puede pagar su hipoteca. Es el inquilino que no puede pagar el alquiler. Las familias con menos recursos, atrapadas entre el incremento del coste de la vida y la subida sostenida de los arrendamientos, concentran hoy de forma abrumadora los procedimientos de lanzamiento.
Los números explican por qué. Según el Instituto Nacional de Estadística, el precio medio del metro cuadrado en compraventa pasó de 1.580 euros en 2018 a 2.924 euros en la actualidad, un incremento del 85%. En ese mismo periodo, el salario bruto medio anual creció de 24.000 a 29.540 euros, apenas un 23%. La brecha entre lo que cuesta vivir y lo que gana la mayoría de los trabajadores no ha dejado de ensancharse, y ese crecimiento macroeconómico que España exhibe con orgullo —por encima de la media europea— no ha llegado a los bolsillos de quienes más lo necesitan.
Quienes no pueden acceder a la compra han recurrido al alquiler. Pero tampoco ahí encuentran alivio. Los precios del arrendamiento han escalado desde los 10,4 hasta los 15,1 euros por metro cuadrado, según los datos de Idealista, marcando máximos históricos. La presión se traduce en familias que destinan una proporción insostenible de sus ingresos a pagar la renta y que, cuando no pueden más, acaban en los juzgados.
Tras ocho años de Gobierno socialista, el parque de vivienda social asequible en España representa el 3,3% del total, según el Observatorio de Vivienda Asequible de Provivienda. La media europea se sitúa en el 8%. La distancia es reveladora: donde otros países europeos construyeron una red de protección habitacional que amortigua los golpes del mercado, España no la tiene.
El Ejecutivo ha apostado por dos vías para atajar el problema. A largo plazo, un plan de vivienda dotado con 7.000 millones de euros que, en teoría, ampliará la oferta asequible. A corto plazo, la intervención directa sobre los precios a través de las zonas de alquiler tensionadas contempladas en la Ley de Vivienda. Los resultados de esta segunda vía son, como mínimo, discutibles. En Cataluña, la Generalitat sostiene que los precios han bajado un 1,3% en las zonas reguladas, pero la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona advierte de que la medida está contrayendo la oferta disponible, lo que a medio plazo puede agravar precisamente el problema que pretende resolver.
Lo que los datos muestran, con la frialdad que les es propia, es que la política de vivienda del Gobierno ha sido incapaz de corregir los desequilibrios estructurales del mercado. Los escudos sociales contuvieron artificialmente las cifras de desahucios mientras estuvieron activos, pero no alteraron las condiciones de fondo. Y cuando esas condiciones —precios altos, salarios insuficientes, oferta social escasa— persisten, las familias más vulnerables siguen siendo las que pagan el precio.