La desinformación ha dejado de ser exclusivamente un fenómeno político o sanitario para convertirse en una herramienta activa de ciberdelincuencia. Mensajes falsos que suplantan a bancos, vídeos manipulados en los que un directivo recomienda inversiones milagrosas, páginas web clonadas con logotipos copiados: estas técnicas, cada vez más sofisticadas, explotan sistemáticamente la confianza que ciudadanos y consumidores depositan en marcas e instituciones reconocidas. El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) gestionó en 2025 más de 122.000 incidentes de ciberseguridad, un 26% más que el año anterior, con el fraude online representando 4 de cada 10 casos y un incremento del 19% respecto a 2024.
Estos datos proceden del estudio Desinformación sobre empresas e instituciones y sus estrategias de respuesta: análisis longitudinal de verificaciones en España (2023-2025), que examinó 630 verificaciones publicadas durante 2023 y el segundo trimestre de 2024 y 2025. Sus conclusiones son inequívocas: la desinformación y el fraude digital forman hoy parte de una misma cadena de ataque. La primera construye un relato creíble aprovechando la reputación de entidades conocidas; el segundo materializa el engaño mediante el robo de datos, la suplantación de identidad o la estafa económica directa. En España, los sectores más afectados son el comercio minorista y la banca, mientras que las instituciones públicas soportan la mayor reiteración de ataques, convirtiéndose en objetivos recurrentes de estas campañas.
Respuestas tardías ante una amenaza creciente
La técnica más extendida sigue siendo el phishing: mensajes que simulan comunicaciones oficiales de la Agencia Tributaria, avisos de multas de tráfico o alertas bancarias, diseñados para que el destinatario entregue voluntariamente sus credenciales o datos personales. A esta modalidad se suman el smishing —fraude por SMS— y el vishing, en el que el delincuente llama por teléfono haciéndose pasar por un empleado de banco para obtener claves de acceso. También proliferan los deepfakes, vídeos manipulados en los que figuras reconocibles recomiendan productos o inversiones de rendimiento extraordinario, así como la suplantación corporativa mediante páginas web falsas con logotipos copiados y comunicados atribuidos ficticiamente a portavoces reales.
Pese a la creciente sofisticación de estas campañas, la respuesta de las organizaciones afectadas resulta insuficiente. Solo en el 52,6% de las verificaciones analizadas se documentó alguna actuación por parte de la entidad implicada, y esas respuestas llegan, en la mayoría de los casos, cuando el engaño ya circula ampliamente. La estrategia predominante consiste en desmentir la información a través de redes sociales o mediante posicionamientos en la web corporativa; los comunicados de prensa, el contacto directo con los afectados y las acciones preventivas siguen siendo medidas de aplicación excepcional. Esta lógica reactiva resulta estructuralmente insuficiente cuando el daño reputacional y económico se produce en cuestión de horas.
La inteligencia artificial escala el problema
La irrupción de la inteligencia artificial ha multiplicado la capacidad operativa de los ciberdelincuentes. En cuestión de minutos es posible clonar voces, generar páginas web prácticamente indistinguibles de las originales o adaptar una misma plantilla de estafa para atacar simultáneamente a múltiples marcas, cambiando únicamente el nombre, el logotipo y la paleta de colores. Lo que antes requería recursos técnicos considerables hoy se produce y distribuye a escala industrial. La IA no solo hace más creíbles los engaños; los hace también más baratos, más rápidos y más difíciles de detectar para el usuario común.
La conclusión que se impone es incómoda pero necesaria: la desinformación ya no es solo un problema de calidad democrática o de salud pública. Es también un vector de delincuencia económica que se alimenta de la confianza institucional acumulada durante décadas. Reconocer los patrones con los que operan estas estafas —la urgencia artificial, la imitación de logotipos, los canales no oficiales, las promesas de rentabilidad excepcional— se ha convertido en una competencia cívica básica, tan importante como leer con sentido crítico cualquier titular político. La confianza, bien escaso y costoso de construir, es precisamente lo que estos actores explotan con mayor eficacia.