El Parque de Atracciones de Madrid busca nuevo gestor: un contrato exigente que revela las tensiones del modelo de concesión pública

El Parque de Atracciones de Madrid busca nuevo gestor: un contrato exigente que revela las tensiones del modelo de concesión pública

Una licitación que define más que un parque

El Ayuntamiento de Madrid acaba de revelar las condiciones bajo las que adjudicará la gestión del Parque de Atracciones de la Casa de Campo a partir de septiembre de 2027, cuando expira la concesión vigente. Las cifras son considerables: al menos 15 millones de euros en inversiones, la subrogación de 249 contratos laborales, un canon mínimo de 400.000 euros anuales y el 8% de todos los ingresos de explotación. Detrás de estos números, sin embargo, hay una pregunta de fondo que merece atención: ¿es este modelo de concesión la mejor forma de gestionar un espacio de ocio público en una ciudad de cuatro millones de habitantes, o responde más a la inercia institucional que a una reflexión estratégica genuina?

La tesis que sostiene este análisis es clara. El pliego de condiciones diseñado por el equipo de José Luis Martínez-Almeida es técnicamente razonable en sus exigencias económicas y laborales, pero adolece de una ambigüedad de fondo: el Ayuntamiento no ha definido con nitidez qué quiere que sea el Parque de Atracciones en 2035, cuando todas sus instalaciones revertirán al patrimonio municipal. Esa indefinición estratégica, más que cualquier cifra concreta, es el verdadero problema del proceso.

Las condiciones económicas: rigor con margen de mejora

El concurso establece un periodo de concesión de ocho años, hasta el 5 de octubre de 2035, y exige que la inversión comprometida —que puede oscilar entre 15 y 40 millones de euros— se destine mayoritariamente, en un 80%, a modernizar o crear nuevas atracciones, reservando el resto para mejoras de accesibilidad y eficiencia energética. La mayor parte de esa inversión deberá ejecutarse en los tres primeros años. Es una exigencia que tiene lógica: concentrar el gasto en la fase inicial garantiza que el operador no dilate las mejoras hasta el tramo final del contrato, cuando el incentivo para invertir se diluye. El criterio de valoración más ponderado en el concurso será precisamente la propuesta de nuevas atracciones, lo que orienta la competencia hacia la calidad de la oferta y no solo hacia el precio.

El canon del 8% sobre la totalidad de los ingresos —taquilla, restauración, tiendas, cesiones del espacio— es un mecanismo habitual en concesiones de este tipo, y el umbral mínimo de 400.000 euros anuales actúa como suelo de seguridad para el erario. Las empresas pueden mejorar ese porcentaje en sus ofertas, lo que introduce un elemento de competencia real. Con cerca de un millón de visitantes anuales —la mitad que el Parque Warner, con el que inevitablemente se compara—, los ingresos del recinto son significativos pero no extraordinarios, y el margen para que el operador obtenga rentabilidad mientras satisface las exigencias municipales no es holgado. Eso reduce el número de candidatos viables a aquellos con músculo financiero suficiente y experiencia contrastada en la gestión de parques con al menos medio millón de visitantes anuales y una facturación superior a 13 millones de euros.

Parques Reunidos, la compañía que gestiona el recinto desde hace décadas, cumple sobradamente esos requisitos y previsiblemente concurrirá al proceso. Que una empresa ya asentada tenga ventaja en este tipo de licitaciones es un fenómeno conocido y no necesariamente ilegítimo, pero sí exige que el pliego garantice condiciones de competencia efectiva para evitar que el concurso sea una mera formalidad. La transparencia del proceso, en ese sentido, es tan importante como sus condiciones económicas.

El estado real del parque y la deuda de mantenimiento

La documentación técnica publicada por el Ayuntamiento revela un parque con un déficit de mantenimiento que no puede ignorarse. Cuatro instalaciones permanecen clausuradas: la Cueva de la Tarántula —conocida como Fantasía—, el recorrido en barcas por recreaciones de distintos países, el cine 4D, el Teatro Kalimba y el simulador virtual, este último cerrado recientemente por problemas de sincronización entre los movimientos de la cabina y la proyección. Algunos espacios de restauración y fotografía tampoco están operativos. No se trata de detalles menores: son síntomas de un modelo de gestión que ha priorizado la continuidad operativa sobre la renovación sistemática, y que deja al nuevo operador una herencia compleja.

El parque abrió sus puertas el 15 de mayo de 1969 con una concesión inicial de 35 años que se ha prorrogado sucesivamente hasta el presente. A lo largo de sus 58 años de historia ha incorporado atracciones relevantes —las montañas rusas Abismo y Tarántula en 2005 y 2006, la zona Nickelodeon en dos fases entre 2014 y 2018—, pero las ampliaciones más sustanciales se concentraron en los años noventa con la llegada del área de Maquinismo. El resultado es un recinto que supera las 30 atracciones activas, pero cuya coherencia de conjunto y modernidad relativa quedan por detrás de competidores con mayor inversión acumulada. Exigir entre 15 y 40 millones en ocho años es necesario; la pregunta es si es suficiente para reposicionar el parque de forma duradera.

La pregunta que el pliego no responde

En 2035, cuando expire la concesión, el Parque de Atracciones pasará íntegramente a manos del Ayuntamiento. En esa misma fecha, el Zoo de la Casa de Campo también habrá concluido su explotación concesional. El equipo de Almeida reconoce que espera tener para entonces una visión clara del futuro de los espacios comerciales de la Casa de Campo. Esa frase, formulada con la suavidad propia de los documentos administrativos, encierra en realidad una omisión de calado: el Ayuntamiento licita ocho años de gestión sin haber definido qué proyecto urbano y cultural quiere para uno de los pulmones recreativos más importantes de la capital.

Una administración que actúa con rigor no debería delegar esa reflexión en el tiempo libre que le queda antes de 2035. El operador privado optimizará su inversión dentro del marco que le impone el contrato, pero no tiene ni el mandato ni el incentivo para pensar en términos de ciudad. Esa es, precisamente, la responsabilidad irrenunciable del poder público. El concurso es técnicamente competente. Lo que falta es la visión.