Hace exactamente un mes, Olea, una niña belga de 14 años, se quitó la vida. Su madre atribuye la tragedia al acoso sistemático que su hija sufrió en internet. Este miércoles, en el hemiciclo del Parlamento Europeo en Estrasburgo, Ursula von der Leyen pronunció su nombre ante los diputados y citó sus palabras: «Estoy convencida de que, sin estas redes sociales omnipresentes, mi hija seguiría aquí. Esto es demasiado.» La presidenta de la Comisión Europea cerró la cita con una frase escueta, casi imperativa: «Ya basta.»
El anuncio llegó durante el discurso del Estado de la Unión Europea. Von der Leyen presentó la futura Ley de la UE sobre los Niños y Niñas, una norma que establece un marco escalonado de acceso a las plataformas digitales según la edad. Los menores de 13 años quedarán excluidos por completo de las redes sociales. Entre los 13 y los 15 años, solo podrán disponer de cuentas en entornos infantiles supervisados por los padres. A partir de los 15 y hasta los 18, las plataformas estarán obligadas a eliminar los mecanismos de diseño adictivo, esos sistemas de recomendación algorítmica concebidos para maximizar el tiempo de pantalla a cualquier coste.
Una regulación que invierte la carga de la prueba
El elemento más significativo de la propuesta no es la prohibición en sí, sino el cambio de paradigma que introduce. Von der Leyen anunció que se invertirá la carga de la prueba: serán las plataformas quienes deban demostrar que sus servicios son seguros, y no los ciudadanos ni los reguladores quienes tengan que probar el daño. Es un giro conceptual relevante, y marca una distancia clara respecto a la lógica que ha dominado la regulación tecnológica durante dos décadas.
«Europa tiene capacidad para actuar. Somos nosotros quienes decidimos nuestras normas, no las grandes tecnológicas», subrayó la presidenta. La afirmación merece ser tomada en serio. La Unión Europea ha demostrado, con el Reglamento General de Protección de Datos y la Ley de Servicios Digitales, que su capacidad normativa tiene efectos globales. Las plataformas no pueden ignorar a un mercado de 450 millones de personas.
Para complementar esta iniciativa, la Comisión prevé presentar en otoño la Ley de Equidad Digital (Digital Fairness Act), una norma específicamente dirigida a combatir el diseño manipulador: los feeds de desplazamiento infinito, las notificaciones compulsivas, los sistemas de recompensa variable que imitan la mecánica de las máquinas tragaperras. Los datos que maneja Bruselas son elocuentes: los jóvenes europeos pasan entre cuatro y seis horas diarias frente a las pantallas, atraídos por algoritmos diseñados para impedir que se detengan.
Madrid va más lejos en la edad, pero más despacio en los hechos
La propuesta europea sitúa el umbral de prohibición en los 13 años. El Gobierno español, por su parte, anunció en febrero una restricción más ambiciosa en apariencia: prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años, además de establecer responsabilidad penal para los directivos de las plataformas que difundan contenidos ilícitos. La iniciativa española es más estricta en cuanto a la edad, pero sigue pendiente de tramitación parlamentaria.
El ministro de Transformación Digital, Óscar López, no tardó en reaccionar al anuncio de Von der Leyen. Declaró que «el Congreso de los Diputados tiene una ley encima de la mesa con la mayoría de edad para proteger a nuestros niños y niñas» y expresó su esperanza de que «se sepa aprovechar la oportunidad». La declaración es, en el mejor de los casos, un recordatorio de que la ley española lleva meses sin avanzar. En el peor, una forma de atribuirse méritos ajenos.
El fondo del problema: daños documentados, industria resistente
Von der Leyen enumeró en su discurso las consecuencias que la literatura científica lleva años documentando: pérdida de sueño, ansiedad, conductas de autolesión y, en los casos más extremos, tragedias como la de Olea. Añadió que ningún ciudadano «tiene por qué aceptar funcionalidades diseñadas para generar adicción», ni que se arrastre a los menores «hacia contenidos cada vez más extremos», ni que las fotografías de niñas se utilicen para generar imágenes sexualizadas mediante inteligencia artificial.
La industria tecnológica ha resistido durante años cualquier regulación sustantiva apelando a la autorregulación y a la complejidad técnica. La respuesta de Bruselas es normativa: si no puedes demostrar que eres seguro, no operas. Es una lógica que se aplica a los medicamentos, a los automóviles y a los alimentos. La pregunta razonable es por qué ha tardado tanto en llegar a las plataformas digitales que moldean la experiencia cotidiana de millones de adolescentes.
La madre de Olea pidió que lo que le ocurrió a su hija no vuelva a repetirse. Von der Leyen dijo que quería hacer justicia a sus palabras. Ahora corresponde a los legisladores europeos, y también a los españoles, traducir esa promesa en normas que funcionen, que se apliquen y que las plataformas no puedan eludir con sus habituales maniobras de cumplimiento aparente.