La magistrada instructora del caso Azud ha archivado la causa contra el exsecretario de Finanzas del PSPV-PSOE, Pepe Cataluña, y el empresario Enrique Gimeno, al concluir que los delitos que se les atribuían —la presunta financiación ilegal de campañas electorales socialistas en 2007 y 2008— han prescrito. La decisión, que sigue el criterio de la Fiscalía, extiende además el sobreseimiento parcial a una decena de imputados, entre empresarios y funcionarios del Ayuntamiento de Valencia, cuya participación en los hechos no ha podido acreditarse.
El caso Azud investiga el presunto pago sistemático de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones públicas entre 1999 y 2013 en Valencia y otros municipios de la Comunitat, articulado mediante facturas ficticias. La macrocausa, iniciada formalmente en 2017, acumula cerca de medio centenar de imputados —empresarios y políticos tanto del PP como del PSOE— y se sostiene sobre una batería de presuntos delitos que incluyen prevaricación, cohecho, blanqueo de capitales y tráfico de influencias, entre otros.
Cataluña ejerció como tesorero de los socialistas valencianos entre 2000 y 2004. Sin embargo, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sospechaba que actuó posteriormente como enlace entre el presunto cabecilla de la red, el promotor inmobiliario Jaime Febrer, y dirigentes del partido, en particular el abogado y exmagistrado José Luis Vera y Rafael Rubio, quien fue portavoz socialista en el Ayuntamiento de Valencia durante la etapa de Rita Barberá y, hasta su detención en 2021, subdelegado del Gobierno de Pedro Sánchez.
Una instrucción que se agota
El Grupo Gimeno habría sufragado gastos electorales en concepto de merchandising. Las anotaciones halladas en el domicilio de Cataluña, que reflejaban supuestas comisiones millonarias vinculadas a adjudicaciones públicas, obligaron a abrir una pieza separada sobre una hipotética caja B del partido, aunque el delito de financiación ilegal de partidos no existía como tal en el ordenamiento jurídico en aquella época.
Entre las licitaciones bajo sospecha figura la adjudicación, en 2006, de un tramo del trasvase Júcar-Vinalopó por parte del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a la UTE formada por Acciona y Construcciones Luján, por un importe de casi 50 millones de euros. La Guardia Civil apuntó a una comisión pactada equivalente al 6,29% del contrato, repartida entre ambas empresas en proporción a su participación en la obra. La Audiencia de Valencia ya archivó en 2024 la causa contra el administrador de la segunda empresa, también por prescripción.
Nueve años después de su arranque, la instrucción del caso Azud se aproxima a su desenlace. Entre los imputados que permanecen en el procedimiento figuran el exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau y el cuñado de Rita Barberá, José María Corbín. Las primeras detenciones se produjeron en abril de 2019; la segunda oleada, en mayo de 2021. La prescripción, que ya ha cerrado varios frentes del caso, amenaza con convertirse en el epitafio de buena parte de una investigación que, por su magnitud y complejidad, ha tardado demasiado en llegar a juicio.